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n conjunto de organizaciones ciudadanas de la región presentó ante la Legislatura entrerriana un proyecto que busca impedir el avance de endicamientos ilegales y el desmonte de bosques nativos en las islas entrerrianas, hasta tanto se cumpla con el ordenamiento territorial necesario para preservar este ecosistema estratégico del Delta del Paraná. Cinco organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná, presentaron a través de Fundación M'biguá un proyecto para declarar "la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los artículos 41º, 43º y 124º de la Constitución nacional, y 83º a 86º de la Constitución de Entre Ríos", reza el texto de la iniciativa. En ese sentido, el proyecto está dirigido particularmente a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, y fue elaborado "a raíz de los últimos acontecimientos en el Delta y de los retrasos de la provincia de Entre Ríos en dar cumplimiento a su ordenamiento territorial de Bosque Nativo", con el propósito de impulsar y retomarlo. A su vez, la ONG pide además "acompañar el Piecas y volver a instalar la necesidad de contar con normas claras para el Delta", según señala la nota que acompaña al proyecto, firmada por las organizaciones que integran la Red Delta: Fundación M'Biguá (Paraná), Taller Ecologista (Rosario), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Ala Plástica (La Plata) y Fundación Oga (San Nicolás). Por su parte, a finales de julio, un equipo formado por miembros del Taller Ecologista y la Asociación Ecologista Renacer, comprobó el avance de la agricultura industrial y la reconstrucción de terraplenes ilegales en las islas de Victoria, situación que viene siendo denunciada por pobladores y ambientalistas desde 2008 a causa de los severos impactos que supone para el ecosistema, y por violar las normativas vigentes. Una de las irregularidades más graves que pudieron comprobar los ambientalistas es la que tiene como responsable a "la empresa holandesa Bema Agri, propietaria de un predio de casi 10 mil hectáreas en las islas entrerrianas, que ha reconstruido un terraplén para avanzar con el cultivo de soja, trigo y colza en parte de sus tierras, en las que se confirmó la utilización de glifosato", señala un comunicado de la Red Delta del Paraná. En tanto, a principios de este mes, el mismo secretario de Medioambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, reconoció la existencia de al menos seis o siete terraplenes más, además de los denunciados.