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n conjunto de organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná, presentaron a través de Fundación Mbiguá un proyecto para declarar “la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los artículos 41, 43 y 124 de la Constitución Nacional, y83 a 86 dela Constitución de Entre Ríos”. La iniciativa, dirigida a la Comisión de Tierras y obras públicas, recursos naturales y medioambiente de la cámara de diputados de Entre Ríos, fue presentada “a raíz de los últimos acontecimientos en el delta y de los retrasos de la provincia de Entre Ríos en dar cumplimiento a su ordenamiento territorial de bosque nativo”, con el propósito de impulsar y retomar “el proceso de ordenamiento territorial y volver a instalar la necesidad de contar con normas claras para el delta”, señala la nota que acompaña al proyecto, firmada por las organizaciones que integran la Red Delta: Fundación M’Biguá (Paraná), Taller Ecologista (Rosario), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Ala Plástica (La Plata) y Fundación Oga (San Nicolás). A finales de julio, un equipo formado por miembros de Taller Ecologista y Asociación Ecologista Renacer, comprobó “el avance de la agricultura industrial y la reconstrucción de terraplenes ilegales en las islas de Victoria, en Entre Ríos, particularmente frente a Villa Constitución, situación que viene siendo denunciada por pobladores y ambientalistas desde2008 a causa de los severos impactos que supone para el ecosistema, y por violar las normativas vigentes. Los ambientalistas pudieron constatar en el lugar que la empresa holandesa Bema Agri, propietaria de un predio de casi 10.000 hectáreas en las islas entrerrianas, ha reconstruido un terraplén para avanzar con el cultivo de soja, trigo y colza en parte de sus tierras, en las que se confirmó la utilización de glifosato”, según expresa el comunicado enviado a INFORME DIGITAL. Simultáneamente, el movimiento de ciudadanos autoconvocados “El Paraná no se toca”, alertó en forma reciente sobre “el cierre del arroyo Los Meoncitos, frente a la localidad santafesina San Lorenzo, mediante el uso de palas mecánicas y retroexcavadoras, para poder destinar tierras a la actividad agropecuaria, así como denunciaron anteriormente el avance de otros terraplenes ilegales de distinto tamaño, cerca de Rosario, con los que los productores ganaderos alteran los cursos de agua a su antojo”. A principios de este mes, el mismo secretario de Medioambiente de la provincia, Fernando Raffo, reconoció la existencia de al menos seis o siete terraplenes además de los denunciados. Después de la derogación de la llamada Ley del Arroz en el Delta, el gobierno entrerriano manifestó su intención de convocar a todos los sectores involucrados a discutir el ordenamiento territorial del Delta del Paraná, pero aún no se han producido avances al respecto, señalaron las organizaciones, y eso “profundizó la necesidad de avanzar con esta iniciativa”. Finalmente explicaron que “en función del avance indiscriminado de las intervenciones, y la evidente falta de control en la zona”, solicitaron la declaración de la emergencia ambiental en los humedales de Entre Ríos y la prohibición del desmonte y de “toda modalidad de endicamiento, represamiento y obstaculización de los cursos de aguas públicas de conformidad a los normas del Código Civil y de la Constitución Provincial”.