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e la Redacción de INFORME DIGITAL La coparticipación que la Nación entrega a las provincias se ha vuelto el eje de nuevas disputas entre distintos sectores políticos. Ahora, quien se metió también en los cruces fue el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella. Sucede que la Legislatura cordobesa aprobó una ley a partir de la cual la provincia deja de aportar un 15 por ciento de la coparticipación. Con ese respaldo, el gobernador de esa provincia, José Manuel De la Sota anunció que intimará al gobierno nacional para que deje de descontarle ese porcentaje y advirtió que, si no hay respuesta, volverá a recurrir a la Corte Suprema. A partir de allí, en Entre Ríos varios sectores denunciaron el Pacto Fiscal y reclamaron que se deje sin efecto la normativa. En tal sentido, se expresó la diputada del bustismo, Rosario Romero, quien había anunciado la presentación de un proyecto de ley propone “la denuncia (caducidad) del Pacto Fiscal que la provincia de Entre Ríos suscribió con el Estado Nacional en el año 1992”. Y consideró que “si la iniciativa es aprobada y el Ejecutivo da por finalizado el convenio, Entre Ríos recuperará una importante masa de fondos". En esa línea, diputados del Bloque FAP-GEN de Entre Ríos, Enrique Fontanetto y María Emma Bargagna, anunciaron un proyecto de resolución "instando al Gobierno de la Provincia a denunciar el Pacto Fiscal y a defender el sistema federal de coparticipación de impuestos para evitar el desfinanciamiento, la inequidad y la injusta postergación de los pueblos del interior, sus economías y sus proyectos regionales". E incluso desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se expresaron en favor de ello. No obstante, el gobernador Sergio Urribarri salió al cruce del planteo de De La Sota. Así, el mandatario entrerrianorechazó la solicitud del cordóbes, quien había enviado una carta a todos los gobernadores con la propuesta de aunar esfuerzos. Además, afirmó que “está equivocado política e históricamente” en su planteo de convocar al rompimiento del pacto. Nuevas opiniones sobre la coparticipación Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, contradijo al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, como a varios legisladores entrerrianos que habían reclamado que se anule el Pacto Fiscal suscripto entre la Provincia y el Estado Nacional. Al respecto, Sella afirmó que como ese acuerdo fue sancionado por el Congreso, ninguna gestión provincial puede anularlo y destacó que, en caso de tener la voluntad de hacerlo, debe ser refrendado por el Legislativo nacional. En tanto, explicó que "esa ley nacional tiene una cláusula que establece expresamente que mientras este acuerdo no sea sustituido por un convenio o sistema diferente, tiene plena vigencia, y se reconduce automáticamente año tras año". Y agregó que "ninguna provincia se puede apartar de forma unilateral del pacto fiscal". Por último, el ombudsman señaló que "no parece, en términos generales, muy sencillo que un convenio fiscal de la envergadura y trascendencia del que estamos hablando pueda ser dejado de lado unilateralmente por una provincia", según consignó Página 12.