E

l acero, fundido por la destrucción de armas, podría destinarse a la venta del metal reciclado. Finalizó una nueva etapa del plan de destrucción de armas que se instrumenta en el taller de la Sección Depósito de Efectos Secuestrados y Decomisados que funciona en los Tribunales de Paraná. A la fecha se han destruido más de 1.350 armas secuestradas en distintos ilícitos en todo el interior de la provincia y que son remitidas por los diferentes organismos penales de la provincia. Aún no ha comenzado a aplicarse el plan en la capital. El procedimiento es el siguiente: un exhaustivo control y cotejo de las armas, se procede previo desarme, a cortarlas en trozos inutilizables en forma total, valiéndose del uso de una ingleteadora. De cada una de las diligencias de destrucción se labra el acta, la que es elevada al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para su consideración y disposición. Los pedazos ya obsoletos se guardan en bauleras y quedan almacenados hasta que el Alto Cuerpo resuelva su fundición. El proceso se encuentra a cargo de Fabricio Santapaola, con la colaboración del perito balístico del STJ, Antonio Daniel Vitali, y el agente Gonzalo Fernández, especialista en herrería. En el taller que funciona al lado de la cochera de los tribunales hay dos baúles, pero hasta ahora nadie se anima a precisar una cifra acerca del material que se encuentra allí. “No te puedo dar una cifra, pero por baúl debe haber unos 800 kilos. Estamos hablando solo del metal, ya que el plástico se funde y la madera se incinera”, explicó Santapaola. El destino del acero fundido aún no tiene destino, pero puede ser un buen mecanismo de recaudación. “Hoy, con el precio del acero, se puede sacar una buena plata. Pero lo que se hace con lo que se funde los decide el Superior”, apuntó el tallerista. Registros. El plan puesto en marcha en marzo de 2011 y por un plazo de dos años, para aplicar la ley nacional de desarme y entrega voluntaria, está funcionando con más efectividad que en su primera implementación durante 2007. El Registro Nacional de Armas (Renar), organismo nacional encargado de la desactivación, estaba sacando de circulación unas 50 piezas por mes en Paraná. Anualmente, el Repar registra unas 500 nuevas armas en Entre Ríos, a lo que debe sumársele la cantidad que se declara directamente ante el Renar o ante la Aicacyp, una cámara de comerciantes de artículos de caza y pesca que funciona como una gestoría que ofrece a los compradores un servicio de registración. Este es un mercado que no cesa. Por eso lo importante es generar conciencia de que las armas son para los coleccionistas o deportistas responsables, que tengan todos sus papeles en regla, explican desde el, organismo estatal. Además del plan diseñado por el gobierno nacional, casi a diario son sacadas de circulación armas cortas y largas en procedimientos policiales. Pasado el tiempo necesario para la investigación, el Poder Judicial provincial también destruye una cantidad considerable de unidades secuestradas. El plan apunta a sacar de manos de la población civil tanto las armas legales como las ilegales. Se calcula que hay un millón y medio de armas ilegales en el país, y un número similar de registradas. En las armerías habilitadas se consiguen revólveres económicos desde 500 pesos, pero una buena arma de colección puede costar varios miles de dólares. Legislación La legislación vigente dispone que “las armas de fuego utilizadas para la comisión de ilícitos penales serán destruidas con el contralor de la máxima autoridad judicial de cada circunscripción.”, según el artículo 7º de la Ley 25.938, como asimismo del artículo 5º de la Ley 25.886, modificatoria de la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429 y su decreto reglamentario Nº 395/75.