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a Policía vuelve a estar en la mira. Seis agentes de la fuerza están imputados por haber actuado presuntamente fuera de la ley. El caso ocurrió en Rosario del Tala, en donde dos menores de 14 y 15 años denunciaron que fueron detenidos, llevados a un descampado en el que se hizo un simulacro de fusilamiento y, luego, uno de ellos fue torturado con una picana. Se estaría ante un hecho nefasto que vuelve a cruzar a la pobreza con la represión de la fuerza del Estado.
Son seis los funcionarios policiales imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad con abuso funcional, vejaciones en acto de servicio y apremios ilegales. Si bien fueron retirados de los servicios de patrullaje en las calles, continúan trabajando en la Jefatura Departamental. Lugar donde precisamente se abrían cometido los delitos.
La decisión de imputar fue tomada por el fiscal Samuel Elbio Rojkin, quien está llevando a cabo la investigación bajo los cánones que establece el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia en esa jurisdicción hace un año. El nuevo sistema de enjuiciamiento establece que las pesquisas las llevará adelante el fiscal que tendrá a cargo una Policía Judicial. Este órgano de investigadores constituido en el seno del Poder Judicial, no se creó nunca pese a tener presupuestado fondos en el ejercicio 2012. También hubo una partida en el presupuesto 2011. Hasta tanto no se cumpla con esa parte del Código, el procedimiento seguirá en gran parte en manos de la policía administrativa.
La representación de uno de los menores, a cargo de Rubén Pagliotto e Iván Vernego, solicitará la semana que viene que la Policía se aparte de la investigación y que tome posesión de la misma la Gendarmería. “No podemos dejar que el cuerpo, que tiene seis de sus miembros en la mira, sea quien investigue”, apuntó Pagliotto a Página Judicial.
Los hechos
En una primera detención, una de las víctimas estaba en un descampado trabajando con una motosierra haciendo leña. En el medio de la vorágine, se acercó un auto con tres policías de civil. Sin explicaciones le dijeron que lo tenían que detener. Lo esposaron y lo cargaron con el sólo fundamento de que “había una orden” de detención. El joven era sospechado de haberse robado elementos de una escuela.
Durante el viaje, los agentes detuvieron el auto, bajaron a su presa y simularon dispararle en la cabeza. El destino de esa jornada fue la Comisaría. Allí no había un familiar, ni fiscal, ni defensor. Sólo estaba su compañero, también acusado por el mismo hecho. Ante la falta de información los agentes comenzaron con golpes de puño, patadas y quemaduras de cigarrillos. Después de su desquite los largaron.
Hubo una segunda detención en la casa en donde vivían los chicos. Esta vez la idea era hacer un careo con un tercer joven sospechado por el mismo hecho. Tampoco surgieron datos. El malestar de los “policías - investigadores” se profundizó. Los llevaron a media noche al Arroyo de Tala a punta de pistola y a golpes. La faena terminó con una picana. “Me picanearon cerca del cuello, en la espalda varias veces y en los testículos. Mientras dos me tenía del brazo, el otro me picaneaba”, relató una de las víctimas al semanario QRQ.
Hubo una tercera detención. Las víctimas fueron llevadas al basurero municipal. Allí hubo una escopeta. Los pusieron parados como en un paredón mientras gatillaban sus armas. Las tres imágenes encajan en cualquier guion de una película que relate lo sucedido en la última dictadura militar.
El sistema
Es difícil poder no hacer una comparación los que fue la desaparición de Gómez y Basualdo, víctima de la pobreza y desaparecidos en democracia a manos de la fuerza de seguridad.
Hace un mes se ventiló en los tribunales de Paraná el accionar de la Policía en un juicio donde se juzgó el comportamiento de tres agentes de la fuerza por la desaparición de Elías Gorosito. El secretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué, tuvo la posibilidad de empaparse en vivo y en directo del submundo que se vive en barrios donde conviven vecinos de bajos recursos y sus medios de vida, relaciones y garantías son otros.
Lo ocurrido en Tala es una salvajada. Pero el sistema volvió a mostrar su deficiencia. Un joven que comete un delito debe intervenir el Poder Judicial, a través del Juzgado Penal de Menores. El niño queda a disposición del Juez Penal de Menores. De tratarse de niños o adolescentes no punibles, debe ser derivado deriva al organismo administrativo del menor, que evaluará si está o no en situación de vulnerabilidad. Nada de esto ocurrió.
La picana eléctrica, en el marco laboral, se utilizó en los transportes de hacienda y las mangas de los establecimientos agropecuarios y frigoríficos. En la última y más sangrienta dictadura argentina para obligar a declarar ilegalmente a personas que tenían en cautiverios clandestinos.
