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e la Redacción de INFORME DIGITAL Tiempo atrás habia sido el centro de las críticas cuando dio a conocer su opinión sobre el caso de una nena embarazada en General Campos. Ahora, vuelven los cuestionamiento, pero esta vez, desde la otra vereda. Ocurre que la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó un recurso de amparo presentado por un grupo de 10 personas, integrantes de la agrupación Pro Vida, contra la aplicación del protocolo de actuación en casos de abortos no punibles, aprobado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos. En ese sentido, el representante legal de esas personas, Daniel Mazzucha comentó que “el día 2 de junio se presentó una acción de amparo ante la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay. La misma fue iniciada por 10 personas, mujeres en este caso, en forma particular, sin ninguna personalidad jurídica con mi patrocinio letrado. Se solicitó la inaplicabilidad por inconstitucional de la resolución nº 974 del Ministerio de Salud, que lleva la firma del ministro Hugo Cettour”. Asimismo, en diálogo con Radio F5, el abogado explicó que se pidió “la inconstitucionalidad por atentar contra un derecho inherente a la persona, que es el derecho a la vida, que está proclamado en la Constitución Nacional, en la de Entre Ríos y en los Tratados internacionales de Derechos Humanos que la República Argentina suscribió y que fueron introducidos con raigambre supranacional en la Reforma Constitucional del año 94”. En tanto, consideró que con el protocolo “se pretende que un ministro reforme el Código Penal, derogue los artículos de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, que taxativamente disponen que el Estado provincial garantice el derecho a la vida desde la concepción en el seno materno y hasta la muerte digna”. A su vez, Mazzucha sostuvo que “el ministro de Salud no solo pretende eso, sino que también desconocer los tratados de derechos humanos que la República Argentina suscribió durante décadas e, incluso, el gobierno de la Nación del año 2003 viene reivindicando para los reclamos que dicen que lesionan los derechos humanos”. Por otra parte, indicó que “como patrocinantes de estas personas que han presentado el amparo, hemos apelado y es el Superior Tribunal de Justicia el que debe entender en esta causa”. En la misma línea, el abogado expresó que “es muy grave que un ministro de Salud haya puesto en un protocolo que un médico diplomado, o un hospital, pueda decidir que se mate una criatura por la sola declaración jurada de una mujer, no importa que sea o no demente”. Por último, Mazzucha aseveró que “siguiendo un fallo de la Corte Suprema para un caso particular, el ministro pretende hacer una legislación general diciendo que solamente con una declaración jurada una mujer pueda realizarse un aborto, sin instancia judicial o una intervención de la Justicia”.