D
e la redacción de INFORME DIGITAL El comité provincial de la Unión cívica radical (UCR) de Entre Ríos volvió a reclamar una convocatoria a elecciones en Estación Parera y Pastor Britos (administradas por una Junta de Gobierno común) y condenó “la omisión del Poder Ejecutivo”. Cabe recordar que el escrutinio tras la votación del 23 de octubre de 2011 arrojó como resultado un empate en 76 votos entre los candidatos de Frente justicialista para la victoria y del Frente progresista cívico y social, y estuvo cerca de resolverse por sorteo. Finalmente el Tribunal Electoral dio la razón a la UCR, que argumentó que tal mecanismo hubiera resultado “totalmente antidemocrático y violatorio de la soberanía popular”, y ordenó la realización de nuevas elecciones hace dos meses pero hasta el momento no se concretaron ni existen indicios de que ello suceda. Desde el centenario partido calificaron de “inaceptable y antidemocrática la actitud del Poder Ejecutivo de no convocar a nuevas elecciones” a pesar de la resolución de la justicia electoral en ese sentido. Por eso insistieron nuevamente con el reclamo “para que la voluntad popular de los ciudadanos de esa comuna del Departamento Gualeguaychú sea respetada”. “A dos meses de aquel fallo (que se produjo el 13 de marzo) volvimos a reclamarlo públicamente a través de una declaración conjunta con nuestros legisladores provinciales en la ciudad de Gualeguaychú, sin respuesta alguna por parte del gobierno. Posteriormente, un significativo número de ciudadanos de Pastor Britos elevó al Poder Ejecutivo un petitorio en idéntico sentido a nuestro reclamo, que obra en el Expediente 1337437”, relataron desde el Comité Provincial de la UCR a tarvés de un comunicado enviado a INFORME DIGITAL. Finalmente señalaron que el gobernador “debe convocar sin dilaciones a elecciones en Pastor Britos, no hay excusas para no hacerlo. Seguiremos reclamando por el respeto a la voluntad popular y requeriremos que nuestros apoderados y legisladores pongan en marcha todas las acciones administrativas, legislativas y judiciales que sean necesarias, en pos de que los ciudadanos puedan ejercer plenamente su derecho constitucional a elegir libremente a sus gobernantes en el ámbito local”.