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n la mañana de este martes el Tribunal de Gualeguaychú declaró “inadmisible” la acción de amparo promovida por la Sociedad Rural delegación Gualeguaychú contra el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural fijado por el gobierno provincial; y también la falta de legitimación procesal de la actora. De esta forma se rechazó "in límine" la pretensión de la entidad, quedando como procedente la aplicación legal del impuesto por parte del Gobierno. La resolución se conoció esta mañana tras una postergación que obedecía a la recusación de dos de los miembros de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú or parte del titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto. Finalmente la Cámara falló y le dio la razón al Gobierno sobre la ecuación que utilizó para calcular el monto del Impuesto Inmobiliario Rural, que los productores insisten "debe calcularse en base a un promedio de los últimos cinco años". El recurso presentado por el funcionario del gobierno provincial fue resuelto por un tribunal integrado por jueces pertenecientes a los juzgados laborales Nº 1 y Nº 2, además de José Víctor Arakaki, el tercer integrante de la Cámara de Apelaciones con Competencia en materia Civil y Comercial y Laboral de Gualeguaychú. Casaretto confirmó la notificación judicial, resaltó también que “el fallo fue por unanimidad” y remarcó que “sostiene que no hay una manifiesta ilegitimidad en el accionar del Estado”, por lo que “quedará el impuesto vigente”. Al respecto recordó que “las entidades fueron sobre el Ejecutivo para cambiar la decisión y no pudieron, luego sobre la Legislatura para cambiar la decisión y tampoco pudieron y fueron a la Justicia con una medida cautelar de no innovar que fue rechazada, y ahora con un amparo que también fue rechazado”. En este marco comentó que “hoy tenemos más el 60 % de los productores que pagaron y aquellos que tenían alguna expectativa en relación a esta fallo deberán presentarse mañana ante el Banco y pagar, incluso con intereses por estar fuera de término” aseguró. Los ruralistas recurrirán al Superior Tribunal de Justicia, como ya se había adelantado.