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e la Redaccion de INFORME DIGITAL Entre Ríos es una de las provincias que adhirió al fallo de la Corte Suprema de la Nación sobre abortos no punibles y, consecuentemente, el Ministerio de Salud provincial decreto la reglamentación de un protocolo que sirva de guía para la realización del procedimiento médico. Sin embargo, el mismo ha sido cuestionado en algunos puntos específicos, tanto por organizaciones civiles como por profesionales de la salud. En ese sentido, el doctor Adrián Burioni (MP 10224) señaló que “es una situación bastante particular la que se vive a partir de las nuevas legislaciones que están saliendo. Sobre todo porque uno no sale preparado de la facultad para abordar este tipo de temas”. Asimismo, indicó que “uno trabaja con cierto recelo, sobre todo a la hora de tocar estos temas, justamente por que no es algo que se este trabajando en el día a día, uno termina siendo el médico del paciente, su propio abogado defensor y el juez que está leyendo las leyes para ver si lo que está haciendo está bien o no”. En tanto, en diálogo con Radio F5, el médico explicó: “Me genera cierta duda como se va a implementar la ley, hablando particularmente de aborto no punible. Una cosa es en Paraná, donde la normativa se implementó la semana pasada, fue publicada en el boletín oficial, o sea que ya tiene fuerza de ley y todavía no hay estos comités armados”. Y, al respecto, agregó: “Ahora, la ley tiene fuerza en toda la provincia. Estoy yendo a Villaguay y me imagino como se puede llegar a implementar, donde es un lugar más chico, donde estos temas se tocan con más recelo y por ahí se hace más difícil por más voluntad que uno le ponga abordar esto”. Por otro lado, Burioni manifestó que “todavía no se entiende muy bien la normativa que es lo que dice, da cierto lugar a dobles lecturas, lo que puede ser muy perjudicial para uno como profesional de la salud. No establece muy claro la manera en que se va a realizar la interrupción del embarazo”. Además, entendió que “la normativa actual habla de la objeción de conciencia de una manera media ambigua. Lo que dice es que uno puede declararse objetor de conciencia y no actuar de acuerdo a lo que pide la normativa por cuestiones personales”. Sobre este punto, comentó que “esto pasa en toda rama de la medicina. Uno es un trabajador de la salud pública, esta brindando un servicio, entonces, ‘esto no lo hago porque va en contra de mis convicciones’ lo puedo decir como individuo”. No obstante, a modo de ejemplo relató un posible escenario que se daría, en este caso, en uno de sus ámbitos de trabajo: “El servicio de ginecología del hospital Santa Rosa de Villaguay no puede declararse entero objetor de conciencia. Tiene que haber una responsabilidad ya sea, de uno de los médicos de planta, del jefe de servicio o, en última instancia, del director del nosocomio para asegurarse que está normativa se cumpla”. Asimismo, Burioni consideró que “como está la normativa, Villaguay no estaría apto para realizar abortos no punibles, porque si yo fuese el único ginecólogo y se pide un equipo interdisciplinario, y aparte de todo eso tiene que estar quien realice un aborto no punible”. En esa línea, el médico sostuvo que “si esta normativa lo que quiere hacer es acelerar el trámite que es bastante doloroso, creo que puede llegar a ser contraproducente y poner piedras en el camino”. Y agregó que “lo único que hace el decreto firmado por el ministro es reglamentar en cierta parte lo que ya dice el código penal y lo que ya señalará la Corte Suprema de Justicia”. Por último, expresó que “lo mismo va a pasar con la ley de muerte digna que ya es ley nacional. Habla de que se tiene que armar un comité de cuidados paliativos, un comité de bioética. La misma ley exige un montón de puntos y hay que ver si no van a frenar el acceso a la salud de muchas personas”.