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e la Redacción de INFORME DIGITAL En Entre Ríos comenzó a regir el protocolo que marca las normas o guías de procedimiento para la realización de abortos no punibles, a fin de garantizar el derecho a la salud. Si bien hay un buen recibimiento de la medida de parte de asociaciones civiles que apoyan la ejecución de estas prácticas, existen algunos cuestionamientos al texto presentado. En ese sentido, la integrante del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders), Silvia Primo, manifestó que “es un pasito en el que avanzamos”, pero “debemos confesar que cuando nos encontramos con la noticia fue bastante sorpresiva. Porque desde el Consorcio habíamos pedido colaborar con la confección del protocolo, para que pueda garantizar a la mayor posibilidad de acceso al derecho y al servicio, en términos que no se obstaculice. Y no fuimos nunca convocadas, incluso las mismas compañeras que están vinculadas con el programa provincial de salud sexual no fueron consultadas”. A su vez, sobre la resolución del Ministerio de Salud, Primo comentó que “es muy similar al protocolo de Córdoba, que veníamos enunciando que presentaba varias observaciones en términos de obstaculizaciones para el acceso”. Asimismo, consideró que “si bien este texto de protocolo de Entre Ríos, es bastante minucioso, esa minuciosidad lo que nos esta presentando son varios obstáculos. Porque sabemos que los trámites administrativos son muy lentos.” Además, en diálogo con Radio F5, la integrante de Conders entendió que “si bien acá están planteados tiempos, como que en cinco días se debe resolver la situación, sabemos que eso no va a ocurrir, porque lamentablemente eso es lo que nos está demostrando la realidad. Esto tiene muchas cuestiones que nos preocupan, en términos de viabilidad”. Obstáculos al acceso En referencia a algunos de los puntos cuestionados sobre el protocolo recientemente implementado, Primo indicó que “la objeción de conciencia está permitida, el punto es como se plantea: que el médico puede presentar la objeción de conciencia inmediatamente después de que se presente de la solicitud de la paciente de querer interrumpir el embarazo”. Al respecto, aseveró que “en verdad, esto no deber ser así, la objeción de conciencia debe estar planteada ya. El ministerio de salud debe tener ya un listado de objetores de conciencia que deber ser válido para todas las prácticas, en el campo de lo público tanto como en lo privado”. Por su parte, expresó que “la conformación del gabinete interdisciplinario que, si fuera para la contención posterior, estamos totalmente de acuerdo. Pero, que se presente la necesidad de este equipo integrado por un tocoginecólogo, un médico tratante que no entendemos quien es, o sea dos profesionales médicos, un psicólogo, un asistente social designado por el director del hospital, no podrán integrarlo los objetores de conciencia”. En ese sentido, Primo argumentó que “la conformación de estos equipos interdisciplinarios va a llevar muchísimo tiempo, va a ser toda una complejidad lo que plantea este protocolo que conlleva muchos obstáculos”. Por último, consideró que “hay muchos obstáculos, eso es lo que nos traduce este protocolo. Nos preocupa que la objeción de conciencia sea el pretexto para no realizar estás prácticas”.