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prietes, amenazas e incluso el uso ilegal de la fuerza pública, fueron algunas de las denuncias que realizó la Asamblea Interclaustros de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que reclama normalización urgente de la casa de estudios. Aseguraron que, el domingo por la noche, efectivos de la Policía intentaron ingresaron al Rectorado, que se encuentra tomado, sin orden judicial. Según indicaron, el procedimiento fue solicitado por el secretario privado del rector Marino Schneeberger, Raymundo Fontana. En una conferencia de prensa, integrantes de la Asamblea reafirmaron la continuidad de las actividades e insistieron en que el gobierno debe garantizar la normalización. Asimismo, se opusieron a la judicialización del proceso, aseguraron que los funcionarios le dan la espalda al conflicto y aclararon que no responderán a lo que consideraron estrategias de provocación. Según indicaron desde la Asamblea, el conflicto se suscitó ante el pedido de poder utilizar la cocina, tal como ocurrió en la toma realizada en 2007. Sin embargo, se les negó ese espacio, lo que llevó a los estudiantes a tener que cocinar a la intemperie -con el frío y la lluvia de estos días. Finalmente, el domingo decidieron sacar -en forma provisoria- la puerta para habilitar la cocina. Enterado de esto, Fontana requirió la intervención de la fuerza pública. “Violentando un derecho constitucional, intentaron ingresar a esta Universidad y nosotros les explicamos que no se podía”, relató Germán Neironi, quien estuvo en los hechos. Además, ofreció videos que muestran el accionar policial y a uno de los uniformados bajar de la camioneta con una escopeta, que posteriormente guardó. “El primer día de la toma llamamos a una escribana para que haga inventario de cómo están las instalaciones, porque nos hacemos cargo de lo que pase. Pero estas son las condiciones lamentables en las que estamos negociando -dijo a Análisis-. Condiciones que nos recuerdan a épocas oscuras de nuestra historia”, sentenció. “Estamos intervenidos por el gobierno de turno. Exigimos poder elegir qué políticas queremos llevar a cabo”, manifestó Lucas Barrios, en la conferencia. Explicó que la decisión de tomar el Rectorado fue en espera del fallo judicial, en relación al amparo presentado por un grupo de docentes que buscan “frenar el proceso” de normalización, originalmente previsto hasta el 26 de abril. “Nos estamos haciendo cargo de algo que las autoridades no hacen”, aseveró. De hecho, cuestionaron el dictamen del procurador General de la provincia, Jorge García, que ratificó el fallo de primera instancia en base a la Ley Nº 24.521 de Educación Superior. “El 70 por ciento que menciona el Ministerio Fiscal figura en la ley como un ideal, en ningún momento dice que es un requisito. En todo caso, se podría mencionar el artículo que dice que la normalización se tiene que dar en cuatro años y no en 12”, fustigó Germán Neironi en ese sentido. En consonancia, Federico Di Sante señaló que “la normalización permite blanquear la situación de la universidad”, y enfatizó que es el gobierno el que debe garantizar que esto ocurra. “La toma es una medida de lucha pacífica, que los estudiantes tenemos como herramienta, no es el fin último”, explicitó. Por su parte, Laura Naput aseguró que el gobierno apuesta a una “no resolución política” dejando el camino servido para la judicialización. “Estamos en manos de funcionarios que no quieren la normalización”, afirmó. En contraposición, planteó que la asamblea “representa un lugar de resistencia al que todos deben sumarse, para que esto deje de ser un proyecto”. “Estamos ante permanentes políticas de provocación, que la asamblea ha decidido no responder. Acá no sólo se pone en juego el derecho a la educación, sino también el derecho a la seguridad de quienes integramos esta asamblea”, advirtió la docente.