L

a Sociedad Rural Gualeguaychú presentó ayer una acción de amparo en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad. Lo anunció el presidente de la entidad de calle Urquiza, Javier Melchiori. En ese sentido, expresó: “Lo hemos hecho porque la Constitución Provincial habilita a las asociaciones cuando los derechos de los socios están o han sido lesionados”. Entendió que “será el punto de partida para que después, cuando la justicia falle, va a tener no solo a los socios de la Sociedad Rural como referencia sino también que beneficiará a todos los productores de la provincia. - ¿Qué es lo que reclama la Sociedad Rural? Básicamente, se está reclamando el incumplimiento de la norma que habla de las valuaciones de las partidas del impuesto inmobiliario. La ley 8672 establece en su Artículo 9 inciso c cómo se debe de calcular una valuación, establece las bases para el cálculo de la valuación y habla de un quinquenio para tener en cuenta en base a valores, producciones y rindes. Todo esto de cinco años hacia atrás. Lo que ha hecho el gobierno es basarse exclusivamente en el último año e ir tomando como referencia la variable de precios. Esto produce un gran salto en lo que es el valor de la línea anterior más otras cosas que tienen que ver con la determinación del impuesto y la tabla. Da como resultado este cambio tan abrupto que llega al 600/700% en algunos casos. Ese es el origen, el centro del problema. Esa es la ilegalidad porque hay una ley que marca una cosa y hay un funcionario del Poder Ejecutivo que está aplicando cosas por encima de lo que marca la ley. Esa es nuestra interpretación y es eso el fondo que estamos atacando. En tanto, el dirigente sostuvo que las entidades preveían un aumento del impuesto, “estábamos de acuerdo en el método que se había decidido hacer en cuanto a la progresión del mismo. Ir en función de lo producido, del aumento de los valores que se producen a la tierra, eso era lo que estaba acordado”. -¿Se habló de porcentajes en el aumento? Estimábamos el incremento de un 60/80/100 por ciento que era lo que los indicadores analizados que se producen en Entre Ríos son los que determinan. Más o menos se hablaba de ese valor pero nunca de un 600%. Además, se cambió la tabla del impuesto inmobiliario y ahí también hay errores; cuando la legislatura aprueba una tabla ésta no responde a los parámetros que se venía haciendo, se la cambió. Tenemos dos inconsistencias muy importantes. “Es excesivo y arbitrario” El titular de la Sociedad Rural recordó que en el 2009 “fue otra instancia donde se protestó por el impuesto inmobiliario, acordándose con el gobierno que en vez de postergar ese incremento se dieran cuotas para pagar. En aquel momento era una decisión política aumentar el impuesto inmobiliario pero la situación del campo con las rentabilidades que había de aquel momento no daba como para pagar ese aumento. Entonces se acordó dilatarlo en el tiempo”. No obstante, dijo que “esto es muy distinto, no responde a ese aumento en función de los productos. Es totalmente excesivo y arbitrario, lo que parece tan simple ingresar un número que no corresponde repercute de tamaña forma”. Sobre este punto, aclaró que “la zona 3 que se establece como base tiene el error por lo que repercute en las 36 restantes; ese error de poner el valor del novillo ahora y no el del quinquenio anterior se transmite en mayor o menor medida a todas las otras zonas”. Melchiori insistió: “acá estamos en presencia, primero, de un error que no se aplica a la ley a diferencia de aquella vez que era político; segundo, un error en la tabla. Fuimos a las reuniones con los ministros, se los explicamos pero ellos respaldan a sus técnicos”. Lo que queda, resumió, “es la instancia judicial, la administrativa, y en eso es en lo que estamos ahora”. A quién va dirigida El objeto de la demanda será doble, teniendo en cuenta dos puntos, detalló el dirigente. 1- “Obtener el acceso a información pública consistente en las operaciones aritméticas practicadas por la ATER y/o el Superior Gobierno de Entre Ríos para obtener los avalúos fiscales asignados a las partidas para el cobro del impuesto inmobiliario 2012. 2- Se dejen sin efecto los avalúos calculados en caso de confirmarse que han incurrido en violación del art. 9 inc. “c” de la ley 8672”. Además, se solicitará medida cautelar de no innovar “para que el Tribunal se expida ordenándole a los demandados que se abstenga de los siguientes comportamientos: intimaciones y requerimientos; promoción de apremios fiscales; cómputo de intereses, multas, generación de honorarios de procuradores fiscales y punitorios; afectación de los beneficios de buen pagador y descuento por pago total y a término del anticipo único, todo respecto del Impuesto Inmobiliario Rural de Entre Ríos”.