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e la redacción de INFORME DIGITAL El envío al congreso por parte del Ejecutivo Nacional de un proyecto para expropiar acciones de YPF e intervenir la empresa abrió diferentes especulaciones sobre si se trata de una estatización o cuál es la forma jurídico-administrativa que tomará la petrolera en caso de que los legisladores aprueben los puntos centrales del proyecto. Sin embargo, fue la propia presidenta quien se encargó de aclarar el espíritu de la norma: “que quede claro, el modelo que hemos elegido no es un modelo de estatización. Es un modelo de recuperación de la soberanía pero seguimos conservando la forma de sociedad anónima y seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada”. De hecho, lo que hará el Estado nacional es quedarse con el 51 por ciento de las acciones de la petrolera correspondientes a Repsol, por lo que la empresa española verá reducido su porcentaje de 57,43 por ciento a sólo 6,43 por ciento. Por lo tanto, los negocios del grupo encabezado por el presidente del Nuevo Bersa y el resto de los inversores privados no se verán afectados y seguirán siendo socios minoritarios de la compañía, conservando en suma el 49 por ciento, y puntualmente los Eskenazi el 25,46 por ciento. Respecto del porcentaje que se distribuye entre las provincias, no se calcula sobre el total del capital de la empresa sino sobre la parte expropiada por el Estado Nacional a la firma española.