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e la Redacción de INFORME DIGITAL El Ejecutivo Municipal de Paraná envió, hace unos días, al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza por el que se prohibirá la habilitación comercial y se establecerá el cierre de cabarets, whiskerías y todos los locales o casas que permitan el flagelo de la trata de personas. En ese sentido, hubo declaraciones cruzadas entre la actual gestión municipal y la anterior sobre la permisividad de la Comuna para con los prostíbulos que funcionan en la capital entrerriana. No obstante, desde la asamblea barrial "La Alameda", señalaron que “el cierre de los prostíbulos tiene que ser inmediato, pero hay muchos concejos deliberantes hay muchos grupos que presionan distintos sectores para mantener los prostíbulos”. Desde la agrupación trabajan en distintas temáticas comunitarias, entre ellas, la lucha contra la trata de personas. En tal sentido, Lucas Manjon, integrante de La Alameda, explicó que los comercios “que va contra la ley, deben estar cerrados”. Y remarcó que en este caso, se “infringe la ley de profilaxis”. A su vez, se refirió al ejercicio de la prostitución y la situación legal del mismo. Al respecto, sostuvo que “no está penada ni legalizada la prostitución, pero si el proxenetismo”. De igual manera, presentó consideraciones sobre la actuación de la Justicia en estos casos: “Si hay una persona que se queda con una parte del dinero, con una explotación de una persona, no se les da un año o un mes para el cierre. La Justicia tiene que actura inmediatamente sobre el lugar donde está reconocido el prostíbulo”. Por su parte, en diálogo con Radio F5, Manjon detallo que “detrás de un prostíbulo hay una cadena, arreglo con el municipio o con quien sea para poner el lugar, con la fuerza de seguridad, porque todas arreglan”. Y agregó que “después tienen que captar chicas humildes, entre ellas hay chicas captadas por la necesidad que tienen y otras que fueron secuestradas. “ Por otro lado, el asambleísta relató que “hay muchísimo narcotráfico, donde los que antes eran traficantes hoy trafican chicas. Hay muchas cosas atrás, corrupción policial, del poder político, Judicial, narcotráfico, trata, abusos, violaciones y golpes, a todo lo sufre la víctima.” Además, brindó algunas precisiones acerca de las posibilidades legales que existen para parrar los prostíbulos, arguyendo que “como motivo solamente se hace con el poder que tiene la municipalidad con una sola inspección. Hasta con la Afip, porque por la copa que se le paga a la chica no se expende ticket y si fuese un boliche común esto no sería así”. De la misma forma, remarcó que “nos hemos sorprendido con los casos de convivencia que hemos encontrado. Investigamos los departamentos de un juez de la Corte Suprema de Justicia”. Reacción En horas del mediodía de este viernes, la oficina de prensa de la comuna paranaense envió un comunicado en el que indica que "la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, cuyo titular es el concejal Juan Manuel Huss (FJPV), inició en la fecha el tratamiento de una iniciativa elevada por la presidenta municipal de Paraná, Blanca Inés Osuna, la cual dispone la caducidad inmediata, con graves sanciones para los infractores, de todas las habilitaciones vigentes, que autorizan el funcionamiento de cabarets, whiskerias y, en general, de toda casa o local que posibilite la trata de personas". El edil remarcó que la iniciativa “tiene un claro contenido en concordancia a lo que se viene trabajando a nivel nacional, en torno a la trata de personas”.También, indicó que la misma “contempla una realidad social que es imprescindible a nivel local”. Precisó que la norma en estudio, por parte de la comisión que preside, es una reforma de la Ordenanza Nº 8955, “previendo un control de policía muy fuerte por parte de la Municipalidad de Paraná, como un estado que tiene la responsabilidad de normar la vida de todos en la ciudad, evitando –en el caso que nos ocupa- la comercialización sexual de las personas, ya sea en forma voluntaria o involuntaria”. Huss reveló que si bien hay un consenso general sobre el tema entre los sectores políticos que integran el cuerpo legislativo, “es criterio de la presidenta municipal que el mismo sea ampliamente debatido y se logre así la mejor norma posible sobre una cuestión tan sensible desde el punto de vista social”. Finalmente, el edil estimó que de lograrse el necesario acuerdo en comisión, el proyecto estaría en condiciones de ser tratado por el pleno del Concejo, en la sesión ordinaria prevista para el día 25 del corriente mes.