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al como estaba anunciado, cerca de las 7.15 comenzó la lectura del fallo de la jueza Silvina Gallo, quien resolvió no hacer lugar al pedido de la fiscal Fonseca para declarar al ex intendente Cresto y otros ex funcionarios como “autores materiales y responsables del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”. Si bien la jueza Gallo fundamentó que “el tratamiento y disposición final de la basura es un servicio público”, rescató que los imputados “no tuvieron la voluntad de evadir las leyes” y que la resolución tomada en su momento por el municipio fue “subjetivamente honesta”. Cuando se retiraba del recinto de tribunales, Juan Carlos Cresto dio que la causa había sido “una demostración más de lo que es la persecución al peronismo”. En la lectura del fallo no estuvo presente la fiscal Fonseca, quien había solicitado -para todos los imputados- la condena de un año de prisión condicional y la inhabilitación por dos años a ejercer funciones públicas. En su resolución, la jueza dejó asentado que “el tratamiento y la disposición final de la basura es un servicio público”, y un proceso “interdependiente” con la recolección y que como tal, “es de interés social y debe ser protegido”. Incluso aunque a veces “se cumpla de manera deficiente, pero esto no hace desaparecer la responsabilidad del Estado”. Lo cual, según la magistrada, estaría respaldado con el llamado a licitación que hizo la misma municipalidad en el año 2009. Aclarado ese punto, luego se refirió a la responsabilidad que le cabría a los imputados, concluyendo en que fueron asesorados por abogados que les inculcaron el concepto de que el reciclado no era un servicio público y si bien dijo no compartir ese criterio, admitió que se trataba entonces de “una cuestión sumamente opinable”. En ese marco también destacó la declaración del ex concejal radical Ricardo Larocca, quien si bien no votó a favor de la concesión, “no estaba convencido de estar ante un delito”, ya que de lo contrario, como concejal y abogado “tenía la obligación de denunciarlo”. Concluyendo en que las pruebas esgrimidas en el juicio confirman que los imputados “no tuvieron la voluntad de evadir las leyes”, por lo que dictaminó la absolución del ex intendente y actual titular de la CTM de Salto Grande, Juan Carlos Cresto; sus ex secretarios Daniel Martínez y Alfredo Francolini, además de los ex concejales Jorge Ferrera, Martín Santana, Marcos Wdowiak, Roberto González, Ricardo Zubillaga, Heriberto Pezzarini y Roberto Chabrillón.