Domingo 01 de abril de 2012
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Interés general
La obra social docente también culpa al gobierno por el corte de prestaciones
La situación es similar a la del Iosper. La falta de recursos provocó una deuda de $9 millones con prestadores. Afirman es porque la Provincia les debe dos meses de aportes y contribuciones. Los afiliados terminan pagando plus.
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La obra social docente atraviesa una grave situación (Foto: El Diario)

L

a obra social de los docentes está en graves problemas: , situación que ya está teniendo sus primeras consecuencias. Enfrenta con sus prestadores, como derivación de la demora en recibir los aportes y contribuciones del Estado por sus 22.500 afiliados en Entre Ríos. Los farmacéuticos de la costa del Uruguay han cortado sus servicios hace una semana, el Sanatorio Adventista de Villa Libertador San Martín ya no cubre ningún tipo de tratamiento y hay serias sospechas de que ocurra lo mismo con clínicas, médicos y bioquímicos. Aunque ya hay unos primeros signos: casi ningún afiliado a la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad) queda a salvo del pago de plus. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) pidió al Ejecutivo la regularización en el envío de fondos tanto a la Osplad como al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), las dos prestadores de salud que cubren a los docentes en la provincia. El Iosper está procurando que los prestadores mantengan los servicios, aunque los estiramientos en los plazos de pago de prestaciones ya ha generado la queja. Los primeros en alertar por esa situación fueron los sanatorios, aunque igual situación alcanza a médicos, bioquímicos y farmacéuticos. Sólo con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) el Iosper acumula una deuda de 4,9 millones de pesos. En el Iosper han dicho que se trata de una situación transitoria, y que se debe exclusivamente al retraso en que ha incurrido el Gobierno, que no le deposita en tiempo los aportes y retenciones de los empleados públicos. Sin esos recursos, que es su exclusiva fuente de financiamiento, la obra social hace agua. Cada mes, el Iosper necesita de unos 42 millones de pesos para hacer pago al gasto en prestaciones médicas que reciben sus 273 mil afiliados. Y esos recursos provienen del aporte que hacen los empleados del Estado y el propio Estado como empleador. Si la cadena se corta, el efecto es de dominó. Pero en Iosper confían en que en las próximas semanas el flujo de recursos se normalizará. Juicios En la Osplad la situación es más complicada, según reconoce Roque González, consejero del consejo local Entre Ríos, representante de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). “El último aporte que recibimos fue el de diciembre-enero, así que nos adeudan casi dos meses”, indicó. La deuda vencida ya acumula un volumen de 7 millones de pesos, y lo que la Osplad debe a sus prestadores suma 9 millones de pesos. Pero a esas cifras, González agrega otra: la Provincia se había comprometido a saldar una deuda de 24 millones, con una quita importante que la bajó a 10 millones de pesos, en diez cuotas, de las cuales sólo pagó una. “El acuerdo de pago está, la opinión de la Fiscalía de Estado está también, sólo falta pagar, y no se cumple”, añadió. De todos modos, reconoció que Entre Ríos “no es la única provincia ni la más grave en cuanto a retrasos en el envío de fondos. Pero esa situación hace que nosotros nos atrasemos en el pago a los prestadores. Donde más repercute esto es en las farmacias. En la costa del Uruguay tenemos un corte desde hace una semana. Afortunadamente, los más importantes, como los médicos, los sanatorios y los bioquímicos, todavía siguen”. Claro que los prestadores se cobran a su modo el retraso, y terminan pagando los afiliados, vía el plus. No es el único frente de batalla que tiene la Osplad: también los colegios privados han caído en serios retrasos. La estrategia de la obra social ahora es llevar todos los casos a la Justicia. Ya tiene sentencia favorable de embargo contra un colegio privado de Paraná que jamás depositó los aportes de su personal, y por el mismo camino va otra institución de Concepción del Uruguay. “A veces, el artilugio que utilizan para evitar el pago de las obligaciones es el frecuente cambio de la razón social”, contó. De todos modos, la estrategia judicial continuará, aseguró.
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