L
os legisladores de la Cámara Baja provincial, dieron sanción definitiva al proyecto aprobado en el Senado. En ese sentido, los diputados aprobaron modificaciones al impuesto Inmobiliario Rural y, a su vez, al Automotor, con dos acciones diferentes sobre la política impositiva. La primera, busca morigerar el impuesto al campo, en tanto, con la segunda, se intenta evitar el registro de vehículos en provincias limítrofes que repercute negativamente en la recaudación fiscal del Estado entrerriano.
En ese marco, respecto de la modificación de la ley 9622 de impuesto a los inmuebles rurales (Ver "Tabla de alícuotas"), se dieron distintas posiciones desde los bloques y hubo un fuerte debate que culminó con la aprobación de la iniciativa con los votos del oficialismo y la negativa de los legisladores de la oposición. El titular del bloque oficialista, Juan Reynaldo Navarro (FJpV-Rosario del Tala), manifestó que lo buscado es “atenuar el impacto del impuesto a los pequeños productores”.
Mientras, Agustín Federik (FPCyS-Paraná) argumentó: "nos oponemos al tratamiento del tema porque queremos tener la posibilidad de discutir en Comisión una ley que no pasará desapercibida en el territorio entrerriano”. Y señaló que “las entidades rurales se mostraron sorprendidas con la modificación de las alícuotas”, ya que “es una tabla que no es acorde a lo que se estaba hablando con los sectores”. En esa línea, indicó que “el que no está de acuerdo es el productor que sufrirá un impuestazo”.
En ese sentido, Eduardo Jakimchuk, en diálogo con
INFORME DIGITAL señaló: “La modificación de los valores y las alícuotas fue discutida con todos los actores del agro, llegando a un entendimiento en las alícuotas y la valuación”. Éste avalúo se establece en consonancia con la distinción en la provincia de 37 zonas agroecológicas, clasificadas tanto por la práctica productiva que se realiza como por el nivel de rentabilidad que se obtiene, del cual se desprende la escala de alícuotas que marca los parámetros para el cobro del impuesto. Esa tabla prevé ocho tramos de valuación fiscal, de acuerdo a la cantidad de hectáreas que posee cada contribuyente. A su vez, para entender de qué se trata lo aprobado por la Cámara de Diputados, hay que remitirse a la sanción de la norma, en el año 2005. La misma prevé un avalúo fiscal para la percepción de los impuestos, tasas, derechos y contribuciones de carácter anual de los inmuebles rurales. (ver cuadro) que fue reajustada mediante el decreto 1767 del año 2010.
En tanto, en el año 2011 desde la Dirección General de Rentas (DGR) se emitieron 82.665 partidas de impuestos por 280 millones de pesos y sólo se cobro el 60% de ello. Al respecto, Jakimchuk destacó que “si uno compara lo que ingresó por el impuesto inmobiliario rural, respecto del presupuesto provincial del año pasado, representó el 0,08% del ingreso”. Y sobre ello, argumentó: “Si el 75 % del territorio entrerriano está dedicado a estas actividades, el porcentaje que ingresa al presupuesto por este impuesto es muy poco, es injusto”. Asimismo, explicó que “si no aprobábamos estas modificaciones se aplicaban los porcentajes tal cual están previstos (de acuerdo al decreto 1767/10) que iba a ser del 100%. El gobernador nos pidió que morigeremos los tres primeros tramos, es decir, mantenerlo cómo está”.
Además, en alusión a las críticas de la oposición sobre el tiempo para conocer los alcances de la iniciativa, recordó las palabras de su par Navarro “son perezosos”. Y señaló que “los antecedentes ya estaban dados, por la ley 9882, 9939, la resolución de la 3969 DGR, del año 2009 y el decreto 1767 del 2010. Por eso, un legislador debe conocer todo esto antes de ir a discutir”.
