Miércoles 29 de febrero de 2012
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Interés general
Comenzó el juicio contra funcionario provincial
El ex intendente de Concordia, Cresto y ex concejales son juzgados desde este martes por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El hoy titular de la CTM realizó en 2006 una contratación directa.
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Cresto, Chabrillón, Santana y (detrás) González en el juicio.
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E

n la sala de audiencias del primer piso de los tribunales de Concordia comenzó este martes el juicio donde están imputados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público el ex intendente de esa ciudad y actual titular de la CTM de Salto Grande, Juan Carlos Cresto; sus ex secretarios Alfredo Francolini y Daniel Martínez, y siete ex concejales: Marcos Daniel Wdowiak, Roberto Abel González, Martín Santana, Ricardo Rubén Zubillaga, Jorge Luis Ramón Ferrera, Heriberto Pezzarini y Roberto Chabrillón. La causa trata de dilucidar si hubo irregularidades en la concesión directa que la última gestión de Cresto hizo a la firma Cetru para el tratado y reciclado de los residuos de Concordia. Tras escuchar los argumentos de la elevación a juicio, la defensa pidió a la fiscal María José Fonseca precisiones sobre la acusación específica a los imputados. Por pedido de la defensa se leyó también la declaración indagatoria realizada en su momento al ex intendente Cresto. En la elevación a juicio se afirma que el proceso llegó a ese punto ya que las pruebas alcanzan para imputar “la materialidad del hecho, como así también la autoría de los imputados”, puntualizándose que en el caso de Cresto, Martínez y Francolini actuaron conjuntamente como miembros del poder Ejecutivo municipal, firmando en agosto del 2006 el convenio con la sociedad Compañía Entrerriana de Tratamientos de Residuos Urbanos (Cetru). En aquel acuerdo se establecía una contratación directa de un servicio publico consistente –entre otras prestaciones– en realizar una inversión de una planta para tratar y procesar los residuos, quedando Cetru como única responsable de la operatoria de dicha planta, como así también la construcción y funcionamiento. De acuerdo a la requisitoria de juicio, con esta medida “se afectó el patrimonio municipal”, a la vez que se actuó sin haber cumplido con el necesario llamado a licitación pública. Por su parte, los concejales están sentados en el banquillo también por la supuesta violación a los deberes de funcionarios públicos, ya que posteriormente a la firma del acuerdo, acompañaron con su voto positivo una ordenanza que avaló dicho convenio entre el municipio y la firma Cetru.
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