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os tiempos de la Justicia suelen ser fluctuantes. De esa cotidianeidad, de la que suele sopesar múltiples factores, surgen los cronogramas de los juicios. Durante este año se ventilarán casos que impactaron en la sociedad en general, pero también en ámbitos políticos en particular. Un caso concreto es el de Félix Abelardo Pacayut, del cual se espera el debate para el 2012, sobre un episodio que tuvo repercusión nacional. El ex senador justicialista de Islas enfrentará el juicio en que se lo investiga por el destino que tuvieron unos 20 millones de dólares (hay estimaciones que hablan de 30 millones) producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas en Ibicuy, en el sur de la provincia. En la causa, además del ex legislador, están involucrados su hermano, Carlos Pacayut, y Norberto Dourrels, Rafael Morana, Miguel Sindor, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras. La investigación sobre el destino de esa suma de dinero la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gobernación de Jorge Busti. El delito por el que se los acusa es el de peculado –apropiación de dineros públicos– y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma MiguelSan SA, por un monto próximo a los 30 millones de dólares. El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. De vuelta “Una década sin condenados”. Ese sería el título más justo. El 13 de febrero de 2002 desapareció Elías Damián Gorosito luego de ser detenido por personal de la comisaría 5ª de Paraná. María Cristina Silaur fue la primera en relatar que su hijo se encontraba desaparecido y que, según la versión de su amigo Ariel Zárate, Elías había sido obligado por policías a subir a una camioneta perteneciente a la fuerza. A raíz de esa denuncia, se ordenaron tareas de búsqueda y se instruyó un sumario contra los agentes asignados a esa patrulla por el delito de privación ilegal de la libertad agravada. Las operaciones no arrojaron dato alguno. En ese marco se llevó adelante el juicio oral y público que tuvo como saldo la absolución de los oficiales Lisandro Luis María Rodríguez, Diego Javier Salvador y Jesús Salvador López. Pero la querella apeló esa sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que declaró inadmisible el recurso. El caso llegó en 2007 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se anuló la sentencia y se ordenó un nuevo proceso. Aún no se fijó fecha, pero el procurador general de la provincia, Jorge García, aseguró que el juicio se llevará adelante este año, aunque no se fijó la fecha. Desde junio del año pasado, los abogados defensores de la familia Gorosito vienen reclamando en los estrados judiciales un cronograma para el debate. Para el nuevo debate las expectativas están puestas en Nora María de los Milagros Barrios. Se trata de una testigo que la misma Corte solicitó que se la incorpore a la lista de testimoniales. En su declaratoria, la mujer cuyo testimonio había sido descartado por la Justicia entrerriana había asegurado haber visto que “unos policías metían a un chico dentro de la camioneta”. El caso tuvo una importante repercusión a nivel nacional en cobertura periodística, pero el hecho también fue utilizado como uno de los argumentos más contundentes al momento de tipificar e introducir el delito de desaparición forzada en el Código Penal Argentino. Tres muertes El hecho ocurrió el domingo 24 de enero de 2010. A las 6 de la mañana en la esquina de De la Torre y Vera (continuación de San Juan) y Moreno de Paraná, tres jóvenes que iban en un auto se enfrentaron con Leandro Fornero y su amigo Franco Arnedo, que se movilizaban en otro. Hubo un enfrentamiento callejero y uno de los tres menores de edad sacó un revolver y disparó contra Fornero. Éste murió. El caso se convirtió en el “hecho policial” más trascendente durante meses, pero la muerte del joven no iba a ser la única tragedia en el caso. Meses después, un domingo de invierno, iban a aparecer muertos en su casa los padres de Leandro. El hallazgo de los cuerpos sin vida de Marta Noacco y Héctor Fornero despertó nuevos interrogantes para la causa. La primera versión que se instaló fue la de “un pacto suicida” tras el envenenamiento de ambos. Luego trascendió que el hombre de 65 años sufría brotes de depresión, y que tras la muerte de su hijo, se profundizaron. Personas que lo conocieron en lo cotidiano dieron testimonio de los problemas psicológicos que el hombre solía tener. Lo cierto es que durante la etapa de instrucción, la madre del joven muerto denunció amenazas que la llevaban a cambiarse de domicilio. “Han pasado cosas en los últimos tiempos que nos hacen pensar que en ese lugar estamos en riesgo y si bien no formalizamos las denuncias de lo que nos ha pasado, lo hablamos con funcionarios judiciales que están al tanto de estas situaciones”, reveló oportunamente antes de su muerte. Fallecidos los padres, los hermanos de Leandro se constituyeron como querellantes en el juicio que también se desarrollará este año, precisó García. En la causa sólo hay un procesado: Lisandro Fernández. Si bien no se fijaron fechas en estos últimos dos hechos, el desarrollo de los casos que se narraron será en este año judicial que comienza.