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os grandes columnas ordenan las cuentas públicas (gastos e ingresos). El financiamiento proviene de fuentes múltiples: la coparticipación de impuestos u otros fondos que la Nación asigne en base a la buena relación que logre urdir cada gestión y, además, los mal llamados “recursos propios” (porque los coparticipables también lo son) que en realidad apuntan a los gravámenes locales, los que la Provincia emite y cobra. “Si se observa lo ocurrido en la última década, se advertirá que Entre Ríos ha visto disminuir la participación de lo que recauda en el total de los ingresos, tanto que si alguna vez fue del 35%, el último presupuesto indica que hoy es del 21%”, señala el titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, antes de referir que “ese crecimiento de la economía entrerriana, que ha sido en los últimos períodos superior a la media nacional, no ha tenido un correlato tributario, tal como lo justifica plenamente el hecho de que el proceso de expansión económica exige que el Estado asista con nuevos y mejores servicios, que a su vez demandan financiamiento contante y sonante”. Desde el 1 de enero en que fue creada, la Administradora Tributaria es un ente autárquico. EL DIARIO propuso repasar las medidas tomadas en este corto lapso. El funcionario, economista y docente universitario, accedió. “En primer lugar, en reunión de gabinete se dispuso descontar del sueldo de los funcionarios los impuestos que estuvieran siendo adeudados y lo propio ocurrió con los proveedores y contratistas, a los que se les exige desde ahora que estén al día con los impuestos”, indicó, no sin aportar que “puede que se trate de medidas que responden al sentido común, pero había que tomarlas y así se hizo”. –¿Qué se persigue con la firma de convenios con otras jurisdicciones? –No se trata sólo de intercambiar información. Con la AFIP realizamos operativos de educación y conciencia tributaria para que los que ingresan a la provincia exijan su ticket o factura. También a partir de los acuerdos con los municipios habrá operativos conjuntos de fiscalización. De manera que permanentemente estamos haciendo inspecciones, a veces por nuestra cuenta; otras, en coordinación con otras jurisdicciones. De todos modos, ya estamos en condiciones de determinar si existe correspondencia entre lo que un contribuyente nos presentó como declaración jurada por Ingresos Brutos y lo que registró ante la AFIP o el municipio. Esa forma de evasión es parte del pasado. No sólo por la base de datos compartida, sino por los propios operativos de fiscalización conjuntos. En paralelo, con los municipios la idea es mejorar la información atesorada en las bases catastrales. Ya firmamos decenas de convenios y seguiremos a este ritmo. En esa misma sintonía, ha habido una actualización que hizo ATER de las multas por incumplimientos de los deberes formales en las declaraciones por Ingresos Brutos. Creo que esto generará buenos resultados. En la provincia era de 20 o 40 pesos, conforme se trate de personas físicas o jurídicas. Ahora será igual que en la Nación para el IVA: 200 o 400 pesos, según corresponda. –¿Y mejora la recaudación? –Nos falta perspectiva porque las medidas irán produciendo un impacto con el correr de los meses. De todos modos, si comparamos la recaudación provincial de enero de 2012 con lo ocurrido hace un año, vemos que hubo un aumento del 29%, porcentaje similar al de la Nación. Eso nos permite ser optimistas. A esto hay que sumarle algunas actualizaciones producidas recientemente. Rodados –¿Con el Impuesto Automotor? –Ya están en vigencia los nuevos aforos, del 2012, que se reflejará en las liquidaciones del impuesto. La actualización responde a criterios en los que confluyen el precio de mercado de los vehículos y la amortización por los años de uso. El avalúo del Impuesto Inmobiliario Urbano también fue actualizado. Se aplicó allí una pauta que tiende a la progresividad, que generó un impacto que osciló entre el 25 y el 40% aunque para las construcciones modestas la evolución ha sido absolutamente menor. –¿Tiene ejemplos para brindar? –El universo está ordenado en seis categorías. La más baja es la 6 y le corresponde un aumento de 97 centavos al mes. Una categoría media, 9 pesos por mes de impacto final. Las categorías más altas, en cambio, sufrirán una suba del orden de los 100 pesos por mes. Ahí ve claramente el efecto que se procura. Quiero aclarar que con las actualizaciones en Inmobiliario Urbano venimos muy desde atrás y en todos los casos ha sido menor que lo que arrojó el estudio de Catastro. Al futuro sobre ruedas –Ha habido presentaciones por autos de alta gama. ¿Ya se ha registrado alguna reacción? -Hubo dos acciones. Primero pedimos el listado de vehículos por encima de cierto valor que debían determinada cantidad de impuestos. Nos trajeron un listado con 7.359 rodados en esas condiciones y, entonces, salieron 7.359 intimaciones. Con la propia difusión de la noticia hubo muchas consultas para ver cómo saldar la deuda, tal como quedó reflejado en una reunión que hubo la semana pasada con los 71 responsables de las oficinas nuestras. Hay contribuyentes con autos con un avalúo de 550.000 pesos ó 650.000 pesos que deben pagar por ello. Paralelamente, hay otros autos de residentes entrerrianos que han sido radicados sobre todo en Corrientes. Ya estamos en condiciones de cruzar información del Registro Nacional Automotor, la AFIP y el padrón electoral, para detectar qué personas físicas o jurídicas, que tienen domicilio acá, han registrado los rodados en otra jurisdicción. Si en el lugar donde tienen patentados los autos y camionetas no tienen por lo menos un local, les haremos sumarios para intimarlos, uno por uno, a que paguen los impuestos de los últimos cinco años. Hay una anécdota que sirve: un intendente de una ciudad del norte, fue a una reunión de vecinos donde le reclamaban que asfalte una calle. Pero luego de una consulta resulta que al menos 11 de los 13 que protestaban y se quejaban tenían los vehículos radicados en otra provincia. El 60% del Impuesto Automotor va a los municipios. ¿Se entiende? Eso no puede pasar: no es razonable que los mismos que le exigen con razón al Estado, busquen permanentemente cómo evadir o pagar lo menos posible. Hay un cambio cultural que necesitamos producir.