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iudadanos y organizaciones no gubernamentales de Paraná y la región siguen reclamando “la inmediata derogación de la ley provincial 10.092, que dispone la entrega de las tierras fiscales y los puertos del Estado provincial a una Sociedad Anónima por el término de 99 años” y por elloestaba `previsto que este domingo se realizar “una actividad de difusión sobre el tema en el marco de la Maratón Hernandarias-Paraná”, dijeron a AIM los organizadores. Aunque la iniciativa se vio truncada debido a la suspensión de la maratón como consecuencia de las inclemencias del tiempo. Igualmente convocan a los entrerrianos a “comprometerse y participar en la lucha y en las actividades propuestas”. En tal sentido recordaron que el viernes hubo una reunión con todas las organizaciones y para “interiorizar a la gente sobre el tema”, y este sábado se realizó un taller en la sede de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer), para debatir los distintos aspectos que involucra la ley 10.092”. Rechazos Cabe señalar que ya ha despertado fuertes críticas la sanción de la norma que concesiona 200.000 hectáreas del Delta entrerriano para la explotación arrocera a un sociedad con participación minoritaria del estado. Los cuestionamientos van desde el impacto ambiental que podría causar el emprendimiento, la resignación de soberanía sobre recursos naturales o la explotación de grandes superficies en beneficio de pocos empresarios. En este sentido se habían expresado desde el Partido Socialista, el FAP-GEN y hasta el legislador rosarino Miguel Lifschitz. Ahora se sumaron nuevas voces en contra del emprendimiento y desde diferentes partidos políticos dejaron sentado su punto de vista. La Junta Promotora de la Coalición Cívica ARI de la provincia de Entre Ríos, en una reunión en la que balanceó el resultado electoral de octubre y su situación en los departamentos, resolvió acompañar el reclamo por la derogación de la ley 10.092, accionando junto con las organizaciones sociales y ambientales de las distintas ciudades de la provincia, “en defensa de los humedales y el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano”, según expresaron a INFORME DIGITAL. El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos también expresó su adhesión a las actividades y movilizaciones de diversas organizaciones sociales de nuestra provincia dirigidas a repudiar la sanción de “la inconstitucional Ley 10.0092” y exigir su inmediata derogación. “Esta absurda norma abre las puertas a la entrega de las islas y las tierras fiscales y pone en serio peligro los ecosistemas de nuestros humedales, contrariando expresas disposiciones de nuestra Constitución nacional y provincial en defensa del desarrollo sostenible”, reza el comunicado firmado por el presidente de la UCR entrerriana José Artusi y convocó a la ciudadanía “a participar activamente y a movilizarse en defensa de nuestros recursos naturales y nuestro patrimonio”. Por su parte, desde el Partido comunista revolucionario (PCR) de Entre Ríos, definieron como un “gigantesco negociado de entrega de tierras” la norma aprobada en la Legislatura provincial y advirtieron que el emprendimiento impulsado por el gobierno provincial puede ser “la mayor apropiación del patrimonio público imaginada en nuestra región, a pesar de que (las islas del Delta) están protegidas por leyes específicas”. En declaraciones de su secretario Carlos Retamoza, desde el PCR cuestionaron que la Ley adjudica estas tierras “en tiempo record (60 días) a una Sociedad Anónima que se adueñará de ellas por 99 años, en los que el Estado tendrá una participación simbólica y los beneficiarios pasarán a poseer discrecionalmente centenares de miles de hectáreas, propiedad de todos los entrerrianos, para establecer un monocultivo industrial que liquidará la biodiversidad y fertilidad”. Asimismo, desde el frente Unión Isleña, de Villa Paranacito apuntaron contra “un fabuloso negocio que permite pasar a manos extranjeras las tierras, lo que habría sido limitada por la ley de tierras aprobada por la Nación, con el artilugio de entregarlas por 99 años, sin necesidad de comprarlas al mejor postor. Que ahora puedan ser para grandes monopolios e incluso alguna sociedad extranjera, pero jamás un isleño”.