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��La sociedad tiene derecho a saber qué saben los que enseñan a nuestros hijos”. La frase la dijo el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, al término del último encuentro de 2011 del Consejo Federal de Cultura y Educación, en diciembre pasado, y sirvió para anunciar una iniciativa que cobrará vigencia durante este año: un plan de evaluación sobre el desempeño de los docentes en todo el país. Hasta ahora, a quienes se evalúa es a los alumnos, a través de los operativos nacionales de evaluación. El último, que se realizó en 2010, alcanzó a 277.959 estudiantes, de 7.308 escuelas de todo el país, sobre cuatro áreas: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Entonces, en tres de las áreas evaluadas —Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales—, disminuyó entre 12 y 21 puntos la cantidad de estudiantes con rendimientos bajos; en Ciencias Sociales el incremento de alumnos en el nivel alto para el total país fue de 6,4%, y en las regiones del NEA (incluye a Entre Ríos) y el NOA se duplicó la cantidad de alumnos que se ubicaron en el nivel alto respecto a los porcentajes del año 2007. Con el mismo método –evaluación anónima, voluntaria—se pretende establecer el nivel de rendimiento de los docentes, aunque aún no están definidos los parámetros del examen. En lo que sí se avanzó es en la designación de la persona que coordinará el operativo nacional de evaluación: será el ex ministro de Educación de Santa Cruz, Roberto Borselli. De igual modo, no hay demasiadas experiencias al respecto en el país. Lo único es una prueba piloto que se ha hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que primero fue voluntaria y ahora es casi masiva. Pero en Educación todavía no definieron qué alcances tendrá. Si será una evaluación de contenido, o de desempeño, o de ambas cosas. Como fuere, la titular del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, se mostró a favor de relevar el desempeño de maestros y profesores. Bar dice que esa evaluación debe hacerse en dos direcciones. “Una es la evaluación del concepto, que tiene que realizarse en todas las escuelas, a cargo de los directores. Eso lo venimos haciendo, y a partir de este año lo vamos a mejorar. Habrá más seguimiento y evaluación de parte del Tribunal de Calificaciones y Disciplina. Y para eso, se va a profundizar la asistencia técnica a los directivos, para que mejoren la evaluación que se hace normalmente, para ir haciendo rectificaciones cuando haga falta”, puntualizó. Pero además, acuerda con la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación respecto de la necesidad de evaluar en forma general el desempeño del docente frente a los alumnos. “Creo que, así como se evalúa a los alumnos, es necesario que se lo haga también con los docentes. Debe haber un proceso de evaluación nacional, donde tengamos un parámetro de medición. ¿Está acorde el desempeño del docente con las necesidades del alumno? Pero la evaluación no debe ser interpretada como castigo ni sanción, debe servir para orientar políticas”, añadió. Bar aseveró que la evaluación brindará un “insumo valiosísimo que nos servirá para conocer cómo están formados nuestros docentes. No hay que escaparle a esta posibilidad. Es sólo un indicador”. Aunque todavía no hay un diagnóstico acabado sobre el impacto que tuvieron las reformas en el sistema educativo, sobre todo en el nivel secundario, la titular de Educación entiende que “hay resultados en escuelas que no son buenos; hay un alto índice de repetición, hasta en el primer grado. También en las escuelas de jornada completa, donde el chico está ocho horas aprendiendo. Esto da cuenta de la necesidad de intervenir para ver qué es lo que está pasando”. Al respecto, Entre Ríos piensa avanzar en revalorizar el trabajo del Tribunal de Calificaciones y Disciplina, a cuyo frente está a partir de este año Josefina Hernández, y que cuenta con un cuerpo de vocales con representación docente. Ese organismo se nutre de la información que provee cada director de escuela, que evalúa a cada docente, y con esa información que recibe, aplica los puntajes a un maestro o un profesor. Pero ese trabajo, a juicio de Bar, no es del todo estricto. El Estatuto del Docente establece que cada maestro o profesor, titular o suplente, tiene un legajo personal de actuación profesional “en el que se registrará la información necesaria para su calificación”, que será anual, y “apreciará las condiciones y aptitudes del docente, se basará en las constancias objetivas del legajo y se ajustará a una escala de concepto y su correlativa valorización numérica”. Pero el mismo Estatuto prevé que el Tribunal puede “aprobar o modificar la Hoja de Concepto Profesional de todo el personal docente”. Pero para evitar desaciertos en la calificación, Bar dice que este año se apuntalará la asistencia técnica de parte del Tribunal a los directivos de las escuelas. “La idea es que el personal salga a toda la provincia a dar asistencia a los equipos directivos y capaciten sobre cómo evaluar al docente. Hasta ahora el Tribunal estaba más concentrado en la tarea disciplinar, sobre todo lo que son los sumarios. Ahora pretendemos que, además de esa tarea, también den asistencia en lo que hace a la calificación, es decir a la forma cómo los directores de escuela califican el trabajo de sus docentes”, subrayó. Sin sanciones El futuro secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Néstor Fabián Peccín, pidió que el sistema de evaluación docente que la Nación tiene previsto aplicar, junto con todas las provincias, a partir de este año no suponga un nuevo régimen sancionatorio. Al respecto, el dirigente, que asumirá formalmente al frente del mayor sindicato docente de la provincia el próximo 1 de marzo, coincidió con la postura que sostiene a nivel nacional la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), y exigió que “sea una evaluación institucional, que sea realizada por cada escuela, y que no sea sancionatoria”. Peccín pidió que la evaluación sirva para ver “los déficits del sistema, y que a partir de ahí cada escuela trabaje para revertir lo que está mal. Es decir, pretendemos que no sea una evaluación para el docente, ni implique precarización laboral, ni que entre en juego la estabilidad”. Cómo se evalúa La resolución N° 3.491, del año 2010, estableció pautas a los directivos de escuelas respecto de cómo evaluar y aplicar puntajes a sus docentes. Y fija que esa evaluación será anual, en dos aspectos: un registro de la actuación docente, que incluye un monitoreo respecto de su desempeño administrativo, pedagógico, otro autoevaluativo y uno más, de asistencia a clase. El máximo puntaje es 100 puntos, dividido así: el desempeño administrativo representa el 20% del puntaje anual, y se puede aplicar hasta un máximo de 20 puntos de calificación; el desempeño pedagógico-didáctico, que representa el 40% del puntaje total, suma hasta un máximo de 20 puntos; la autoevaluación sobre desempeño profesional, otorga hasta un máximo de 30 puntos, con una calificación que va de 1 a 10; y la asistencia, que cuando es perfecta a lo largo del año, otorga 10 puntos. El otro aspecto es el del concepto anual profesional, que se puntúa tal cual se lo hace con los alumnos, en una escala que va de “deficiente” a “sobresaliente”, con un piso de 39 puntos y un techo de 100 puntos. En Educación no siempre acuerdan sobre el modo en que los directivos evalúan el trabajo docente, porque dicen que se trata de un sistema que se ha burocratizado y que se aleja, a veces, de la exigencia.