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a Justicia no ha resuelto aún la medida cautelar por la cual se pide la práctica de un aborto no punible para una niña de 11 años, abusada sexualmente, que cursa un embarazo de once semanas. El planteo ante los tribunales de Concordia fue formulado por la familia de la nena –oriunda de General Campos–, argumentando las previsiones del Código Penal, al tratarse de una violación y en amparo de la salud de la menor, internada en el hospital Masvernat. Ante esta cautelar, el juez de Menores Raúl Tomaselli libró un oficio al nosocomio para conocer la situación de la niña. Al respecto, el doctor Orlando Elordi hizo saber que la menor “es apta físicamente para seguir con su estado de gravidez”. Elordi enfatizó que ante este pedido del juzgado, se estableció que la menor se encuentra “en perfectas condiciones físicas de afrontar el embarazo” y agregó que “el feto también se encuentra en muy buen estado, desde el punto de vista clínico”, según señaló el profesional a Diario Río Uruguay. “Ante el oficio, todo el equipo de Obstetricia –junto con el equipo de Pediatría– se reunieron con los diferentes estudios practicados y llegaron a la conclusión que tanto la menor como el feto están bien y el embarazo no compromete la salud de ambas personas y se agregó un informe psicológico para que el señor juez evalué también este punto de vista” sostuvo Elordi. Además especificó que el Hospital Masvernat se limitó a contestar “clínicamente” el oficio emitido por el Juzgado, para insistir con que “con los datos científicos que fueron evaluados por varios profesionales, la paciente en si puede continuar con su embarazo”. Agregó que el informe fue avalado con varias consultas, ya que “la seriedad del caso establece que sean varios profesionales de distintos servicios los que han participado de este informe”, dijo el funcionario. Reclamos Distintas organizaciones difundieron ayer el insistente reclamo en para que la Justicia y el sistema público de salud garanticen los derechos de la niña embarazada. La Campaña por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, que integran distintas agrupaciones, exigió que se cumpla “con la legislación vigente que garantiza el acceso al aborto en el caso de no punible”. “El artículo 86º del Código Penal argentino obliga al Estado a realizar la interrupción del embarazo si ‘proviene de una violación’. Por ello reclamamos su inmediato cumplimiento en los efectores de salud pública. El Estado entrerriano debe garantizar los derechos de la niña de 11 años –en toda su extensión y sin dilaciones– y respetar la decisión de su madre, que solicita la interrupción del embarazo producto de un abuso. Además, deben seguirse los procesos judiciales correspondientes para sancionar al responsable del delito cometido contra la integridad sexual de la menor”, remarcó la organización en un documento que subraya que “el Estado de Derecho puede intervenir para reparar el daño sufrido, respetando siempre la decisión de la madre de la niña de 11 años”. “Demandamos que se cumpla con la legislación vigente y se preserve a la niña. Eso incluye la no divulgación de datos sobre la menor y la situación que atraviesa, como está ocurriendo con las declaraciones de profesionales médicos y del juez de Familia, Raúl Tomaselli; porque se vulneran las leyes Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la ley Nº 26.485 Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las violencias Contra las Mujeres”, se exhortó. Por otro lado, la Red de Alerta (Asociación Civil de lucha contra la Explotación y Abuso Sexual) reclamó que se respeten los derechos humanos de la niña. “Dado las continuas e irresponsables declaraciones de funcionarios públicos de salud y de justicia, nos reunimos con el defensor del Ministerio Pupilar Luis Pedemonte para que cesen las violaciones al derecho a la intimidad y privacidad, y también que cesen las violencias institucional, mediática, simbólica, a la libertad reproductiva y la revictimizacion sancionadas por la ley 26.485”, informó y reclamó la organización que expresó su “alarma y gran preocupación por las declaraciones del ministro de Salud, Hugo Cettour, que minimiza la gravedad del problema, ignora que la salud de la niña está comprometida vertiendo una opinión temeraria sobre lo que significa un embarazo precoz, desconociendo el impacto negativo en el proyecto biopsico social de las personas, y lo más grave y repudiable es que desconoce la situación de abuso sexual infantil, banalizando e invisibilizando un problema feroz y traumático, que requiere de un Estado atento y garante para erradicar definitivamente de nuestra cultura estas formas de dominio y abuso sexual de poder sobre la niñez”. Revictimización “El Estado está obligado a garantizar lo que dice el Código Penal, es algo que debe cumplir y garantizar el Estado a través de los efectores de salud”, subrayó Betiana Spadillero, de la agrupación Mujeres Tramando. “No pueden ponerse trabas. Con la autorización de la madre debiera hacerse el aborto no punible. Aquí ha sucedido como otras veces que se ingresa en una confusión del tema, en la intervención mediática, en los caminos judiciales con lo cual se favorece a los sectores conservadores que buscan impedir el cumplimiento de la ley”, dijo la dirigente que dio cuenta de la reacción rápida de organizaciones “en todo el país que se han contactado para ofrecer apoyo y asesoramiento”. Puso de relieve Spadillero que “se enfoca mal el problema”, apuntó. “Acá no se trata de ver si la nena está en condiciones o no de seguir el embarazo. Se trata acá de que hay una víctima de un abuso sexual. No tuvo relaciones sexuales, fue abusada. Y no puede ser madre a los 11 años. Está corrido el eje. Hay un protocolo de actuación ante estos casos que no se cumple. Están todas las herramientas para hacer cumplir la ley y no se hace”, cuestionó e hizo hincapié en que “se revictimiza a la niña abusada”, definió. “Siguen siendo las víctimas las mujeres, pobres, a los cuales el Estado no garantiza los derechos. Y si no veamos que la madre de esta niña tiene 27 años y la abuela 53. Hay una cadena de abusos, de embarazos en mujeres que no están preparadas y un Estado que no cumple la ley”, concluyó Spadillero. Agrupaciones políticas expresaron su postura “Vivimos en una sociedad donde los derechos de las mujeres no se cumplen y los funcionarios públicos no velan por los derechos de todos los entrerrianos”, dijeron en un comunicado de prensa las agrupaciones políticas Las Delfinas y Martín Fierro que cuestionaron que la justicia “en vez de intervenir dilate los tiempos”, sostuvieron. “Este caso no se hubiera conocido si la familia de la menor tuviera dinero, dado que se hubiera hecho un aborto en la clandestinidad y nadie estaría hablando de este tema”, se afirmó. “¿Por qué condenar a niñas y mujeres que sufren abusos, cuando constantemente son violentadas, una y otra vez, no sólo por sus abusadores, si no también por la justicia y por la sociedad machista en la que vivimos? ¿Por qué la criminalización del aborto y los obstáculos al acceso a intervenciones seguras? ¿Qué nos está pasando como sociedad donde muchas mujeres mueren por violencia de género, por que hacerle vivir a esta niña este sufrimiento cuando está claro que es una violación de sus derechos como de los derechos humanos de las mujeres?”, se expuso como debate en el texto que advirtió acerca de la “naturalización” de estas situaciones y cuestionó las declaraciones del ministro Hugo Cettour que hizo “de vocero de los sectores más retardatarios de la sociedad”.