L
a reciente aprobación de la ley de tierras fiscales contempla la creación de una sociedad anónima del Estado que podrá concesionar dichos terrenos ubicados en el Delta entrerriano con fines productivos. En este aspecto, ya se manifestó la intención de otorgar tierras en concesión para sembrar arroz, una producción que el Gobierno considera “apropiada” para “mantener el humedal y preservar el ambiente de manera sustentable”. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, explicó que la provincia “tiene alrededor de 200.000 hectáreas de tierras fiscales que son parte del dominio público, es decir, que no se pueden vender ni transmitir el dominio de la propiedad si no es con una autorización del órgano legislativo competente”. Reiteró que la nueva ley, aprobada por senadores y diputados la semana pasada, “no autoriza la venta de tierras fiscales, sino que habilita a la creación de una sociedad anónima que va a recibir en concesión una determinada superficie que no está definida”. Aclaró que la sociedad anónima no recibirá las 200.000 hectáreas que tiene la provincia, sino una superficie determinada para intentar hacer una explotación, en principio de arroz, ya que hay productores que están interesados en volver a esa producción en el Delta. “La idea es realizar una prueba piloto con esta sociedad que en principio será enteramente estatal e irá recibiendo ofertas para la venta de acciones por parte de productores que tengan un proyecto para producir en la zona”, detalló el funcionario. Reiteró el fiscal de Estado que la sociedad anónima “nacerá como una sociedad del Estado, como es hoy Enersa por ejemplo”, y acotó que la ley habilita la transferencia de acciones al sector privado, ya que “acá no se trata de que el Estado se ponga a producir, sino que inicie el proceso porque es muy difícil que los privados, sin ningún respaldo de la provincia, vayan a la zona de islas y hagan otra cosa distinta de ganadería porque es muy difícil”. “La idea es generar la empresa desde un Estado promotor pero luego tratar de pasar al sector privado, no en un ciento por ciento pero sí un porcentaje mayoritario. Pero las tierras no se venden, la superficie que finalmente el Poder Ejecutivo determine afectada a esta sociedad será otorgada en concesión, nunca se le dará en propiedad”, remarcó. También explicó que el arroz es un producto mucho más compatible que otros para cultivos en esa zona y agregó que las experiencias en los deltas del mundo indican que esa producción es apropiada para mantener el humedal y preservar el ambiente de manera sustentable. El fiscal de Estado añadió que el arroz que allí se produzca sí podrá venderse ya que, más allá de los vaivenes de los precios, Entre Ríos es el principal productor del país, tanto para el mercado interno como el externo. “La idea es incrementar las áreas sembradas que en este momento están en alrededor de 100.000 hectáreas en la provincia”, afirmó.