Martes 20 de diciembre de 2011
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Interés general
Por qué fracasó la sanción de una ley de acceso a la información pública
La Constitución de Entre Ríos reconoce el ejercicio del derecho de acceso a la información pública pero falta su reglamentación. Es decir, la sanción de una ley que establezca cómo se puede pedir información ante los tres poderes del Estado
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Londero alerta que falta una ley reglamentaria.

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l periodista Oscar Londero, experto en Radio F5, contó que la Constitución de Entre Ríos reconoce el ejercicio del derecho de acceso a la información pública pero falta su reglamentación. Es decir, la sanción de una ley que establezca cómo se puede pedir información ante los tres poderes del Estado, en qué plazos deben darse las respuestas, cuáles serían las razones para mantener ciertos datos bajo secreto o reserva y durante cuánto tiempo. Si bien en los últimos siete años se promovieron diferentes iniciativas sobre este tema, todas fracasaron por falta de voluntad política. Es que en la mayoría de los casos se trató de proyectos presentados por fuerzas de la oposición. La primera presentación correspondió a la ex diputada provincial Lucy Grimalt, de la Red de Participación Popular, que el 4 de agosto de 2004 impulsó un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Ese expediente, bajo el número 14.078, fue girado a la comisión de Legislación General, no mereció despacho y finalmente perdió estado parlamentario. Lo mismo sucedió con el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública que impulsaron los ex diputados provinciales Antonio Mainez y Oscar Grilli, del bloque Integración. Lo presentaron el 27 de septiembre de 2006 y el expediente 15.854 también fue enviado a la comisión de Legislación General, pero no como no tuvo dictamen, también perdió estado parlamentario. Por su parte el Poder Ejecutivo elaboró una iniciativa para reglamentar el derecho de acceso a la información pública, para lo cual apeló al procedimiento de elaboración participada de normas. Después de recibir unas pocas sugerencias por parte de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, el texto definitivo quedó listo a mediados de 2007 pero jamás fue enviado a la Legislatura. Por último, tras la reforma constitucional, se presentaron tres iniciativas: una impulsada por el ex diputado justicialista Jorge Busti y las restantes por los ex legisladores radicales Alba López y Marcelo López. Como en los casos anteriores, tampoco merecieron tratamiento.
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