E

s un problema y cada tanto los números asustan. Esta vez la cifra alarmante surgió en Concordia. Aunque desde el hospital público se dijo que esos datos no salieron de allí, no negaron la complejidad del asunto. Se trata de los embarazos adolescentes. El fenómeno social tiene un denominador común: la pobreza. De allí surgen la falta de información y las perspectivas de vida. De los 9.254 partos atendidos en los hospitales públicos de Entre Ríos el año pasado, el 27,11% son de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. La tendencia se sostiene, respecto de 2009 y para el 2011 se repetiría. Patrón Al momento de consultar a los especialistas, aparecen dos datos que se repiten: la maternidad como proyecto de vida y la falta de políticas de Estado en sectores vulnerables. “Sin dudas esta problemática tiene su epicentro en zonas populares, o más pobres, donde la joven queda embarazada por elección. Esto está vinculado a la idea de la maternidad como forma de vida en donde la mujer no ve otras posibilidades como permanecer el sistema educativo o en el mundo laboral. No son pocos los casos en que el hecho de ser mamá es una iniciativa”, analiza la docente Alicia Genolet. Y agrega: “Esto tiene dos importantes vinculaciones: la situación económica y el modelo familiar. Cuando uno investiga se encuentra con que las jóvenes han tenido madres adolescentes. Hay un ideario donde la maternidad juega un rol muy importante en el reconocimiento social”. La investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la UNER revela haberse sorprendido al momento de llevar adelante estudios de campo y escuchar de boca de las propias adolescentes la preocupación de tener 14 años y no ser madre aún. Todos estos elementos –dice Genolet– fueron tenidos en cuenta para construir “un perfil social de las adolescentes que quedaban embarazadas”. También se consultó sobre los controles que se hizo durante el embarazo y los factores de riesgo. Son escasos en la mayoría de los casos. Aquí aparece el problema de poco acceso a la información. Trabas Desde el 2003 está vigente un Programa de salud sexual y reproductiva a nivel nacional y que se reproduce en la provincia, que fue impulsado por el exministro de Salud del gobierno de Néstor Kirchner, Ginés González García. Como primera medida insta a entregar métodos anticonceptivos, pero es mucho más ambicioso. En Entre Ríos, la Ley de Educación Sexual tiene “muchas dificultades para implementarla”, afirma Genolet. Los inconvenientes surgen por dos cuestiones: la distribución del material (cartillas para todos los niveles) que llega de Nación a los maestros; y la dificultad de abordar esta temática ante los alumnos. La investigadora se quejó de que el Consejo General de Educación (CGE) no entregue “las cartillas” que distribuye el gobierno nacional para las escuelas primarias y secundarias. “Esto no llega por muchos factores que tienen que ver con los mitos y los tabúes respecto a la sexualidad. Pero también sucede que los docentes, para transmitir estos contenidos, tienen que trabajar su propia sexualidad y su propio cuerpo. Esto es todo un tema”, admite. Paola Clari es integrante del área de Coordinación de Prevención de Conductas Adictivas y Educación Sexual del CGE. “Hay materiales que llegan acá, pero otros directamente se distribuyen en las departamentales de Escuela. Pero el problema no es ese. Este tema requiere de un proceso de institucionalización en donde se capacite al docente de tal manera que la sexualidad no sea una materia dentro de la currícula, sino que atraviese de forma transversal toda la etapa educativa de un chico”, explicó. La psicopedagoga sostiene que “hay escuelas que han avanzado más que otras, pero que en esto no hay culpables”, tiene que ver con “el compromiso del docente y de los padres”. Otro factor que traba el avance de la enseñanza sobre la sexualidad está ligado a lo ideológico y religioso. “Hay sectores conservadores o la Iglesia misma que cuando se tuvieron que debatir estas cosas en términos legislativos hicieron una fuerte resistencia”, recuerda Genolet. Y agrega: “Esto hace que el docente, por ahí, se inhiba. Pero la Iglesia no controla todo, hay mecanismos para desarrollar el tema. Lo que hay que revisar es la formación de los propios docentes”. La investigadora asegura que no es la maestra la que se niegue a abordar la problemática, sino que “no se siente segura y lo deja para que lo trabaje alguna ONG, como que fuese algo que le corresponda a un especialista que debe aportar a la formación de un alumno”. Enseguida aclara que esto es una generalidad. La conclusión que sacan todos los actores es que las herramientas para abordar la problemática están, sólo faltan crear las condiciones.