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ocos días después de las elecciones del 23 de octubre, se reunió el Consejo Superior Provisorio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). La información que se conoció entonces hizo hincapié en el proceso electoral iniciado a los efectos de la normalización de la casa de estudios creada durante el gobierno de Sergio Montiel, en el año 2000. La fecha prevista para la elección del primer rector democrático es el 26 de abril de 2012. Del encuentro realizado en la Facultad de Ciencias de la Gestión el 26 de octubre, se habló puertas afuera sobre las elecciones de los estudiantes y administrativos -que se realizarán el 16 y 30, respectivamente- y en 2012 las correspondientes a graduados y docentes. Mientras tanto, puertas adentro, son cada vez más fuertes los cuestionamientos hacia la conducción de Graciela Mingo, por los nombramientos de administrativos contratados bajo la modalidad de horas cátedra o por la proliferación de carreras, de las que solo cursan dos o tres alumnos. Pero los planteos no se detienen allí y con la Asamblea Universitaria de 2012 en el horizonte –la que elegirá al nuevo rector– las críticas avanzan sobre el terreno académico. Concursos y titularizaciones La Uader fue creada mediante la Ley Nº 9250 del año 2000. Con el impulso de su primer Rector, Luis Américo González, se dispuso la transferencia de más de 20 Institutos Superiores, Institutos de Enseñanza Superior, Escuelas de Nivel Medio y Superior, Escuelas Superiores, Colegios Superiores y otras instituciones, para conformar la estructura académica de la recién parida Universidad Autónoma, inicialmente con cinco Facultades. La transferencia –por la cual muchos le señalaban a González que la Uader más que creación era un invento- incluyó a docentes y administrativos, todos de institutos terciarios y con escalafones diferentes al universitario, generando una complicada ecuación que se arrastra hasta nuestros días. A partir de 2007 comenzó la implementación de los concursos ordinarios de profesores, lo que generó críticas y hasta la toma del Rectorado, que comenzarían a ser zanjadas a partir de 2008. Precisamente en 2007, y como parte de un Acta que posibilitó destrabar la situación de crisis en la que estaban los docentes con las autoridades de la Uader, se estipuló que se debía concursar y alcanzar el 52% de la planta docente ordinaria finalizando 2010, algo que dista mucho de ser alcanzado y que forma parte de los cuestionamientos de mayor peso hacia el accionar de Mingo. Sectores de la comunidad universitaria le apuntan a la rectora respecto de dilatar los concursos para incorporar personas de su confianza y “correr” a aquellos que no le respondían. También le señalan actitudes de nepotismo, al haber colaborado para que una de sus hijas fuera titularizada en una cátedra, y de tener a otro hijo con horas asignadas como forma de pago. Otra cuestión que inquieta es la composición de la Junta Electoral. A muchos les llama la atención la presencia de funcionarios políticos –designados por Mingo- además de los decanos, conformando un espacio escasamente ético y cuestionable desde lo democrático, pero cercano a intereses de la rectora. Para algunos, la construcción de esta suerte de red protectora por parte de Graciela Mingo es un reconocimiento a su debilidad, y le apuntan a la incompatibilidad que la persigue, por superar ella como docente las horas cátedras permitidas, tanto en la UNER como en la Uader.