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a Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná dará a conocer el próximo martes la sentencia en el juicio oral y público contra dos profesionales del Hospital Materno Infantil San Roque acusados por la transfusión de sangre infectada con el virus del sida a una mujer embarazada que estaba internada en el nosocomio paranaense, en octubre de 2006, pocos días antes de dar a luz. En rigor, solo uno de ellos enfrenta un pedido de pena, por lo que se descuenta la absolución de la otra imputada. En la jornada de ayer, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, defensores de Ricardo Alcain, solicitaron la absolución del profesional del Servicio de Hemoterapia del Hospital de Niños, a quien se imputa por no haber avisado a un dador de sangre que era portador del virus del sida ni a una mujer embarazada que recibió una transfusión sobre la posibilidad de que se hubiera infectado, poniendo en riesgo también la salud de la beba que gestaba. En tanto, Noemí Berros, defensora de Gabriela Coronel Campana, señaló que la jurisprudencia impide al tribunal condenar si no hay acusación. Alcain enfrenta un pedido de pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos que efectuaron el jueves la fiscal Cecilia Goyeneche y los querellantes Miguel Cullen y Miguel Retamoso. En su alegato, Barrandeguy consideró que el médico enfrentó un proceso “terriblemente injusto y plagado de irregularidades y arbitrariedades”. Su defensa estuvo basada en dos aspectos centrales: que comunicó en tiempo y forma y por los canales adecuados que había un donante cuya muestra había resultado positiva de VIH y que esa sangre había transfundida; y que no era jefe del Servicio de Hemoterapia porque esa estructura no existía como tal en el Hospital San Roque. De todas maneras, consignó también que Alcain estaba de licencia cuando se produjeron los hechos. El 25 de septiembre de 2006 un joven de 18 años oriundo de Concordia realizó una donación de sangre para una pariente internada en el Hospital de Niños. Unos días después una mujer de 28 años que cursaba un embarazo de ocho meses recibió una transfusión y tres meses después se supo que esa sangre estaba infectada. Aviso El letrado reiteró que recién el 26 de enero de 2007 se tomó conocimiento de que la muestra estaba contaminada, a partir de un informe remitido por la Planta Nacional de Hemoderivados de Córdoba, adonde habían sido enviados los restos de los materiales utilizados. En ese marco, destacó los testimonios que indican que Alcain concurrió a fines de enero al Servicio de Infectología y al Programa Provincial de VIH/Sida y cuestionó que a pesar de que ambas áreas contaban con esos elementos recién contactaran a la mujer el 9 de abril. Barrandeguy insistió en que “no puede haber dudas respecto de lo que hizo Alcain”, aunque admitió que “tal vez corresponda debatir sobre qué debió hacer y si lo que hizo alcanzaba”, pero remarcó que “las leyes no pueden ser interpretadas elásticamente”, en referencia al alcance de su responsabilidad de avisar. La ley nacional obliga al “médico tratante” a realizar la comunicación, pero en el caso de un donante voluntario de sangre no existe tal figura, y la propia normativa especifica que “se entiende por profesionales que detecten el virus a los médicos tratantes”. En ese sentido, el defensor enfatizó que “no se puede aplicar un castigo ante la ausencia de norma” y remarcó que “los profesionales que detectan el virus son los bioquímicos y quien tiene la presunción de estar ante un caso de VIH son los médicos tratantes; estos son los únicos que están obligados a dar aviso. Alcain no era médico tratante ni fue quien detectó el virus”, aseveró. De hecho, se quejó porque “los profesionales a los que alude la ley ni siquiera fueron molestados”, en referencia a la bioquímica Ana María Raimondi, que realizó el análisis, y al denunciante Carlos Zanaschi. En otro tramo, cuestionó la “prolijidad” de la fiscal Cecilia Goyeneche en ignorar testimonios que avalaban el proceder de Alcain, para instrumentar la notificación, una vez anoticiado de la situación. Sin servicio A su turno, Candelario Pérez afirmó que durante el proceso “no se agregó ningún documento administrativo ni legislativo que acredite la creación del Servicio de Hemoterapia en el Hospital San Roque” y consideró que “Alcain no es responsable de que no hubiera servicio”. “No hay concurso, no hay nombramiento, no hay decreto que designe a Ricardo Alcain como jefe de servicio”, insistió su defensor en el final de la jornada. Cuenta pendiente En el cierre de los alegatos, tanto Berros como Barrandeguy plantearon la necesidad de abrir nuevas investigaciones, tal como el día anterior lo habían manifestado la fiscal y los querellantes. Sin embargo, en el caso de los defensores pidieron que se investigue si el bioquímico Zanaschi incurrió en el delito de falso testimonio en ocasión de prestar declaración testimonial en la segunda jornada del juicio oral y público. De ser así, su situación incurriría en el agravante de haberse cometido en perjuicio de los imputados. Críticas a la investigación Podría decirse que los defensores de Gabriela Coronel Campana tuvieron una jornada relajada luego de que la fiscal y los querellantes no formularan acusación en su contra. Sin embargo, Noemí Berros no dejó de realizar un alegato en el que formuló severos cuestionamientos a la instrucción que estuvo a cargo del fiscal Elvio Garzón y la jueza Elisa Zilli. “En este tipo de procesos se imputa y se procesa por las dudas”, cuestionó Berros en el inicio de su alegato. “Ahora venimos a descubrir que aquella omisión que se le endilgaba a Gabriela Coronel representaba un riesgo sin aptitud para concretarse; la jueza le imputó haber generado un riesgo que se concretó en la transfusión”, acotó. En ese sentido, tildó de “torpe” y “pobre” a la investigación, al tiempo que cuestionó la “indulgencia” que hubo durante la instrucción –y también en el juicio- con “un testigo reticente como Zanaschi”; inclusive ironizó que el bioquímico tuvo una “amable exculpatoria” actitud y no dudó en afirmar que “denunció porque quería salvar su responsabilidad. ¿Pudieron ser tan torpes?”, dijo sobre la jueza y el fiscal. Últimas palabras En el cierre del debate, el presidente del tribunal, Miguel Ángel Giorgio, concedió a los imputados el derecho a realizar una declaración final. Ambos lo hicieron. Por primera vez habló Gabriela Coronel Campana. “Mi profesión ha sido el pilar de mi vida, fue siempre el primer eslabón de mi cadena. Esta situación me pegó donde más me duele. Hoy padezco una afección psíquica de la que espero recuperarme por mi familia”, dijo emocionada, con la voz quebrada y al borde del llanto. Por su parte, Alcain afirmó que “el Servicio de Hemoterapia era una organización humana y fraterna”, pero reiteró que “legalmente no existía tal servicio” y que la suya no era una jefatura sino que se tomaban decisiones “por consenso”. Sobre el hecho, señaló que “fue la única vez que ocurrió y tomó a todos por sorpresa, nos dejó paralizados”, sentenció.