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n la décimo quinta sesión de la Cámara Baja, los diputados aprobaron el aumento salarial a los empleados judiciales. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, luego de que se firmara un Acta Convenio entre el gobernador Sergio Urribarri y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonor Pañeda. Ese recinto dio luz verde al reclamo judicial que en esta sesión fue debatido por los diputados. La nueva normativa prevé la equiparación automática de las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial local con las asignaciones del Poder Judicial nacional. Asimismo, se asignó un incremento del 8,5 por ciento sobre las remuneraciones vigentes que será aplicable a partir del segundo mes siguiente a la promulgación de la ley. En este contexto, el bloque radical propuso modificar el artículo cuarto que establece la percepción de la antigüedad desde la matriculación en el Colegio de Abogados, pero la iniciativa de reforma no prosperó entre los pares de recinto. “Esta es una pelea que comenzamos en 2010 y hoy resultó favorable al trabajo del sindicato”, destacó el secretario general del la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Florentino Agostini. Con una sala de debates colmada de empleados judiciales, los legisladores de la Cámara Baja sancionaron favorablemente el aumento a trabajadores y profesionales del sector judicial en Entre Ríos. La nueva normativa logró la equiparación salarial de los empleados del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos con quienes se desempeñan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proyecto que impulsó el mandatario provincial a fines de 2010, ante el reclamo de los judiciales, despertó la polémica ya que los salarios de los judiciales son más elevados que los trabajadores de cualquier otro sector. El texto estuvo en “stand by” durante este 2011, pero tras las elecciones generales, finalmente fue sancionado. Durante el tratamiento que dieron los diputados este miércoles, el bloque radical propuso modificar el artículo cuarto que establece la percepción de la antigüedad a partir del momento en que se registra la matrícula en el Colegio de Abogados. Más allá de que el profesional ingrese al ámbito del Poder Judicial varios años después de matricularse. “La bonificación por antigüedad se liquidará aplicando las alícuotas por cada año de servicios computables, sean servicios prestados dentro o fuera del Poder Judicial, desde la fecha de matriculación en el Colegio de Abogados”, reza el texto. “Estamos muy contentos con el trabajo desarrollado. Acá culmina el desempeño del sindicato que luchó desde 2010 por la aplicación de políticas conjuntivas”, celebró el secretario general de Ajer.