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a puesta en marcha de un sistema de vigilancia a través de cámaras en el edificio donde funciona la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) puso en alerta a un sector del alumnado y docentes que, hace unas semanas, se encontraron con “ojos en las paredes”, según describieron en un comunicado que divulgó Eduardo Medina, estudiante de Ciencias Políticas –carrera que también se dicta en el mismo establecimiento–. Ante la colocación del sistema de video, quienes repudian la iniciativa dijeron recordar la película The Truman Show o el reality show Gran Hermano. Al mismo tiempo lamentaron que “la vigilancia” se instaure de esa manera en una casa de altos estudios “en tiempos de democracia”, sostuvieron. “No podemos dejar de sentirnos invadidos en nuestra intimidad, percibir de que cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos, cada gesto que realizamos, queda guardado en algún lugar que desconocemos y para algún propósito por nosotros ignorado”, asestaron. Y enseguida afirmaron: “El poner cámaras dista mucho de ser coherente con la trayectoria y la significación social que nuestra facultad supo construir a lo largo de su historia. Entendemos que con una medida de esta naturaleza, la conducción de nuestra facultad contradice la memoria que en el inconciente colectivo de la comunidad se ha forjado durante toda su historia”. Delitos La decana de la Facultad de Trabajo Social, Sandra Arito, defendió el proyecto, aunque garantizó que la medida se encuentra en una etapa de revisión. De hecho, las cámaras no están activas. “No vamos a poner a funcionar nada hasta tanto lo discutamos en el Consejo Directivo”, dijo la decana. Una de las críticas que habían realizado los estudiantes era, precisamente, no haber participado de tal decisión. “Esto es un sistema de seguridad en donde las cámaras no monitorean, sino que almacenan las imágenes sin sonido para que, en caso de ocurrir un hurto o cualquier delito, se recurra a las grabaciones”, explicó. La decana aseguró que “no pensaba que esto generaría tanto malestar” y que estaba “dispuesta a rever el tema”. No obstante, aclaró que “hay más de 100 alumnos que firmaron a favor” del sistema de seguridad. “Lo mismo ocurre con personal no docente, que es el que está en la Facultad en horarios donde no hay nadie”, agregó. Arito también apuntó que en el establecimiento “hace mucho hay una alarma, por los muchos delitos de bienes personales que se dieron en el último tiempo”, aseveró. “Sería mejor evitar tener un costo político y no hacer nada, pero no es lo correcto”, propinó. La docente de la casa, Laura Naput, entre otros tantos de sus pares hizo circular una nota a la comunidad educativa. En la misma –que se publica en el sitio UNER Debate– manifiesta que quienes ingresaron a la Facultad de Trabajo Social pudieron sentirse “observados y vigilados gracias a la presencia de cámaras de video en todos los pasillos de la institución”. La profesora, como los estudiantes, cuestionó que no se consulte al Consejo Directivo para evaluar la puesta en marcha del proyecto y la falta de “una comunicación que diera explicaciones” ante el avasallamiento de “derechos fundamentales a la libertad y a la intimidad”, apuntó. “Desconocemos las razones y los motivos de una decisión que por inconsulta es aun más perniciosa. Pero lo que es más grave aún, ni siquiera podemos alegar ignorancia”, sostuvo Naput, quien dijo que no se puede desconocer “los efectos de control que las cámaras de vigilancia instituyen en el espacio social, donde las tecnologías propias de las sociedades disciplinarias son reemplazadas por otras, en apariencia más inocuas, que someten a los cuerpos a la vigilancia constante en nombre de la seguridad”. Denuncias El comunicado emitido por los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social denunció que “hace apenas unos pocos meses de manera autoritaria y sin ninguna prueba, un compañero fue acusado de robo, se retuvo a los estudiantes y se dio lugar a comportamientos que nos recuerdan a otras épocas nefastas. Pasamos de ser simples estudiantes universitarios a potenciales sospechosos de delito”, se quejaron. Más adelante, explicitaron su malestar con las autoridades de la Facultad por el “gravísimo hecho que significó pasar por alto el máximo órgano de co-gobierno”, en referencia al Consejo Directivo. “Hemos sido rotundamente ignorados donde estamos representados y legitimados para tomar las decisiones juntamente con los demás claustros”. 10 mil pesos es el costo de las cámaras instaladas en Trabajo Social. “Se paga una sola vez, ya que no hay un servicio de monitoreo que se deba abonar por mes”, especificó Sandra Arito.