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on una extensa jornada de alegatos de los defensores, terminaron el jueves las exposiciones de las partes que actuaron en el juicio por el robo de bebés de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, en el marco de la denominada causa Hospital Militar. Tanto la defensa oficial como la privada pidieron la absolución argumentando la nulidad del proceso por la invocación de los querellantes de la figura de la desaparición forzada de personas y la prescripción de los delitos imputados. De hecho, el defensor oficial Mario Franchi y la codefensora Noelia Quiroga, que representan a los cinco militares imputados –Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González y Walter Salvador Pagano–, sostuvieron que el plazo de prescriptibilidad comenzó a regir a partir de 1988, cuando los menores nacidos en cautiverio cumplieron 10 años, con lo cual la figura imputada quedó caída, según su argumentación. Es que los delitos imputados son sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y supresión de su estado civil, según establecido en los artículos 146º y 139º inciso 2 del Código Penal. En el inicio de sus palabras, Franchi aclaró su pertenencia a la Defensoría General de la Nación y que como tal, junto a la codefensora, asumieron la representatividad de los procesados derivada de la obligación legal y la convicción del libre proceso. Eso no fue óbice para que Franchi admita la existencia de un “plan sistemático represivo con consecuencias lamentables para nuestro país que llegan hasta el presente”. De hecho, los dos defensores oficiales no dudaron en hablar de “dictadura militar” y dejaron en claro su posición al respecto. Ya en el tramo de la defensa técnica, los letrados hicieron un minucioso repaso por todo el proceso y analizaron cada testimonio. En ese marco, desacreditaron a Eduardo Costanzo –un colaborador de la tarea represiva que fue testigo clave para imputar a los militares– como carente de toda credibilidad. “Costanzo habla en forma difusa, confusa y ampulosa, cargando de adjetivaciones y no puede precisar quién dio la orden de trasladar a Raquel Negro a Paraná”, expresó Franchi, para agregar que el testigo “tiene una expresa enemistad” con sus defendidos. Sostuvo, asimismo, que ni el militante Jaime Dri, ni los periodistas Reynaldo Sietecase y Carlos Del Frade, aportaron con sus respectivos testimonios, el dato sobre quién dio la orden de trasladar a Raquel Negro a Paraná a fin de que dé a luz en el Hospital Militar. Línea inicial El abogado Mario Franchi destacó que las primeras investigaciones en esta causa apuntaron contra los militares Paúl Navone y el ex interventor de facto Juan Carlos Trimarco, pero que con la muerte del primero y la inimputabilidad del segundo, se apuntó a las segundas líneas de mando militar. Fue allí cuando aludió a la denominada teoría del “hombre de atrás”, que describe el funcionamiento de la máquina represora, para rematar que esos hombres de atrás “deben responder de manera distinta”. Sin rodeos, Franchi apuntó a que la orden de la acción imputada debió haber sido dada por los generales Leopoldo Fortunato Galtieri y Juan Carlos Trimarco y, en todo caso, la imputación contra sus defendidos debió formularse como instigación a la participación. “No hay ningún testigo directo en relación con mis defendidos; ninguno que haya dicho que los conoce o que los haya visto en Paraná”, argumentó. “Ambos jefes militares coordinaron las acciones y mis defendidos no tenían la jerarquía ni la jurisdicción para actuar, como sí la tenía Navone, que tenía dominio sobre esta zona”, agregó y aludió a una “falta de pruebas” en contra de sus defendidos. Tras manifestar que “quizás se puede investigar a la parte médica”, no omitió el defensor cuestionar las “evidentes y claras contradicciones, además de las renuencias a declarar” por parte de los médicos del Instituto Privado de Pediatría (IPP). Aludió así a Miguel Torrealday, Ángel Schoreder, David Vainstub y Jorge Rossi. Y para abonar la teoría de la cadena de mando vertical en la que estaban insertos sus representados, Franchi evaluó que “Galtieri y (Luciano Adolfo) Jáuregui tenían subordinados en Paraná, no tenían necesidad de recurrir a mis defendidos”, dijo en alusión a que los cinco militares eran miembros del Destacamento de Inteligencia 121, con sede en Rosario. Franchi consideró que “debe declararse la nulidad del proceso porque se violenta el derecho de defensa” en virtud de que no hubo un conocimiento adecuado de las imputaciones. “Debe existir un solo discurso acusatorio del cual defenderse. No puede someterse a dos acusaciones distintas en un mismo debate”, remató. Mario Franchi rechazó también el pedido de revocación de la prisión domiciliaria de Guerrieri. La exposición de la defensa fue calificada como sólida y mereció, inclusive, el reconocimiento informal de algunos querellantes en un diálogo durante el cuarto intermedio. El rol del médico A su turno, el defensor privado Humberto Franchi, que representa a Juan Antonio Zaccaría, también pidió la “absolución lisa y llana” del médico anestesista, aunque también apeló a la figura de la pena natural, que se aplica cuando las consecuencias del hecho que se imputa han afectado de tal manera al acusado que la imposición de una pena le resultaría doblemente agraviante. En este caso, el letrado consideró que Zaccaría sufrió un deterioro en su estado de salud mientras estaba detenido en la Unidad Penal Número 1. De todas maneras, Franchi realizó un pedido subsidiario para el caso de que el tribunal considere a Zaccaría responsable de los delitos que se le imputan y planteó que el médico cumplió un rol secundario y que la sustracción y sustitución de identidad se habrían cometido independientemente de su participación, a la que consideró “totalmente aleatoria” y “casual”. Asimismo, adhirió a los planteos de nulidad y prescripción de la acción penal que antes habían realizado los defensores oficiales. El abogado comenzó su alegato con una tediosa lectura de los testimonios que dieron cuenta del rol que desempeñó Zaccaría. Así desmenuzó los dichos de las enfermeras y los médicos de guardia del Hospital Militar e inclusive destacó que los dichos del propio médico imputado en el juicio tuvieron algunos cambios respecto de lo que había manifestado durante la instrucción “en virtud de un cuadro de demencia senil”. Responsables Si bien Franchi consideró que no estaba claro cuál era la acusación sobre la que debía responder Zaccaría, endilgó la responsabilidad de la atención de los mellizos en Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti, que eran los médicos de guardia del Hospital Militar cuando los bebés fueron derivados a la sala de terapia intensiva. En ese sentido, remarcó que fue Berduc quien comunicó al director del hospital sobre la presencia de los mellizos en la sala de terapia intensiva de adultos y luego admitió “haberlos asistido, diagnosticado, medicado y derivado al IPP”. No obstante, dijo también que Raquel Negro llegó a Paraná procedente de Rosario ya con los estudios previos y que “se desconoce quién realizó esos análisis y quién la atendió en el hospital”, aunque admitió que “se sabe que los bebés nacieron en un parto normal, lo que excluye de la escena a Zaccaría, ya que por su condición de médico anestesista pudo haber intervenido si se trataba de una cesárea” y acotó que “la derivación de los mellizos a la sala de terapia intensiva fue informal”. Eso le permitió señalar que “los médicos no tuvieron contacto con la madre”, a pesar de que el propio Zaccaría admitió haber hablado brevemente con Raquel Negro y de esa manera justificó la falta de registración de los bebés. “¿Era Zaccaría el encargado de hacerlo? No”, se preguntó y se respondió. “¿Estuvo Zaccaría en la sala de terapia intensiva? Zaccaría era un médico anestesista de adultos; los bebés necesitaban la asistencia de un neonatólogo o de un cardiólogo en una institución especializada”, acotó, abonando la tesis planteada por Berduc respecto de que el mellizo varón tenía una cardiopatía congénita severa. Inclusive, estimó que el chico pudo haber sido derivado en primera instancia al Hospital de Niños San Roque, considerando que la fecha de ingreso al IPP es del 10 de marzo, es decir, seis días después que la nena. Así, Franchi consideró que los médicos cumplieron un rol estrictamente “sanitario” en la atención de los mellizos y de ninguna manera tuvieron “una intervención criminal” e insistió en que “el traslado de los bebés a la sala de terapia intensiva de adultos era totalmente aleatorio y casual; si los bebés nacían sanos, Zaccaría no se enteraba, y Berduc y Ferrarotti tampoco”, insistió. “La responsabilidad de Zaccaría no tiene nada que ver con la conducta endilgada; ni la Fiscalía ni la querella explicaron cuál fue el acto que cometió Zaccaría; tal vez fue negligente u omiso, pero no tuvo dolo, actuó para mantener vivos a los bebés, por una necesidad médica”, sentenció. Raros personajes En la segunda parte de la audiencia del jueves, aparecieron en la sala seis personas que no habían participado de ninguna de las jornadas anteriores. Entraron todos juntos, se presentaron como familiares de Juan Daniel Amelong y se dirigieron al cuarto donde los imputados esperaban el reinicio de los alegatos. En realidad se trataba de representantes de la denominada Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina, el grupo liderado por Cecilia Pando que reivindica el terrorismo de Estado. Con esa premisa suelen irrumpir en las audiencias que se celebran en distintos puntos de país, como lo hiciera la propia Pando en Corrientes, donde amenazó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, con un gesto que invitaba a cortarle el cuello. Los seis personajes no pasaron inadvertidos para los presentes, pero se mantuvieron en silencio, en la hilera de bancos que ocupan los familiares de los represores. Solo una mujer del grupo tomó fuerte de la mano a la esposa del imputado Zaccaría, que lloraba, cuando su abogado defensor expuso crudamente que su situación personal no variaría según fuera condenado o absuelto y que “a lo sumo, si lo absuelven, podría dar una vuelta a la manzana en una silla de ruedas”. La entidad se define como una “asociación civil sin fines de lucro” y “apartidista” y en su decálogo reivindica a quienes “se encuentran injustamente detenidos y/o procesados, por haber cumplido con el sagrado deber de defender a la Patria durante la guerra contra el terrorismo en la década de 1970” y enfatiza que “los terroristas que intentaron tomar por asalto el poder, matando y atentando contra miles de inocentes, hoy disfrutan la libertad y las prebendas que les otorga un gobierno identificado con la demencia mesiánica de las organizaciones terroristas”. Este grupo llegó el jueves a Paraná.