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n el Boletín Oficial de la Nación fue publicada el martes la Resolución Nº 1.497/11 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En su primer artículo, la norma rubricada por el ministro Julio Alak dispuso el ofrecimiento “como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, de la suma a pesos cien mil, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero de Juan José Pocho Morales, nacido el 6 de agosto de 1945, quien desapareció el día 30 de agosto de 2011, en la localidad de San Jaime de la Frontera, provincia de Entre Ríos. En los considerando, la resolución se hizo mención a la causa I.P.P. Nº 2.478/11 caratulada “Actuaciones iniciadas para dar con el paradero y/o localización de Juan José Pocho Morales”, que tramita ante la Unidad Fiscal de Chajarí, a cargo de la doctora Julia Elena Rivoira, y se recordó que “mediante Oficio de fecha 13 de septiembre del corriente año, el señor fiscal de Cámara Coordinador Interino de la Jurisdicción Concordia, doctor José Daniel Costa”, solicitó que se arbitren “los medios necesarios para ofrecer una recompensa que permita dar con el paradero” del hombre desaparecido. En caso de aparecer algún testigo, para cumplir con la oferta será utilizado el dinero del Fondo Permanente de Recompensas creado por la Ley Nº 26.538 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos y Humanos, cuya partida fue incluida en el Presupuesto de la Administración Nacional, según acota la resolución publicada el martes. Esperanzas El martes por la tarde, en un alto en la organización de la marcha de los martes, Walter Morales, uno de los hijos del agenciero desaparecido se refirió a la novedad del ofrecimiento y aseguró que la familia “espera que alguien hable con esto. Ojalá, aunque sea de forma anónima, alguien aporte algún dato certero, porque es imposible que no haya ningún testigo. Mi padre desapareció a las 20.30, en una zona donde a esa hora hay mucha gente en la calle. No puede ser que nadie haya visto nada” reclamó. Los vecinos, amigos y familiares de Pocho marcharon el martes nuevamente para exigir la aparición del agenciero, y concluyeron su recorrido en la iglesia de San Jaime. “Vino el intendente y me entregó un escrito con la confirmación de la recompensa, y me dijo que va a ser difundido por los medios nacionales y provinciales. Acá en la radio ya empezaron a pasar la noticia” explicó el entrevistado. Morales dijo que la Policía de la provincia “sigue trabajando. Uno ve movimiento por todos lados, y nos informan que siguen investigando”, comentó. “Las esperanzas no las perdimos. De vez en cuando nos desesperamos porque es muy raro que hayan pasado 41 días y no aparezca nada, y que nadie haya visto qué le ocurrió a mi padre” declaró el hijo mayor del vendedor de apuestas. Respecto del acompañamiento de los vecinos del pueblo, Walter Morales aseguró que “sigue siendo muy importante”, aunque, de todos modos, afirmó que “aunque quedemos solamente los familiares, vamos a seguir organizando marchas para pedir que esto se aclare”. Un estímulo con requisitos La Ley Nº 26.538, sancionada el 28 de octubre de 2009 crea un fondo destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden datos útiles para obtener la libertad de la víctima, preservar su integridad física, o lograr la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en la comisión de determinados delitos. Su razón de ser es favorecer el esclarecimiento de hechos delictivos graves, como el homicidio, el homicidio agravado, la violación, violación seguida de muerte, privación ilegal de la libertad calificada, sustracción de menores, secuestro extorsivo, algunos ilícitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, el robo a entidades bancarias, o el encubrimiento de cualquiera de esos crímenes. Sin embargo, deja librada al criterio de la autoridad de aplicación la posibilidad de ofrecer una recompensa en todos aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, la justifiquen. Del propio texto de la norma se desprenden ciertos requisitos: la recompensa no está destinada a aquellas personas que hayan participado del delito. Tampoco para los funcionarios o empleados públicos y el personal que pertenezca o hubiere pertenecido a alguna de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del Estado. El ofrecimiento debe ser dispuesto por “resolución fundada, con indicación del número de la causa, carátula, Fiscalía, Juzgado o tribunal intervinientes, una síntesis del hecho, el monto del dinero ofrecido, las condiciones de su entrega y los lugares de presentación”. Y en caso de presentarse una persona aportando datos, la compensación le será entregada sólo si existe un informe del representante del Ministerio Público Fiscal que certifique que la información aportada es relevante para esclarecer el hecho y lograr la condena penal de los responsables.