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��Antes que nada, tenemos que saber cuáles son los argumentos por los cuales la empresa Messina SRL reclama. Supongo que tendrá que ver con atribuirle al Estado provincial responsabilidad por no haber podido cumplir con el recorrido Gualeguaychú – Rivera”, indicó Luis Leissa, abogado de la Asamblea, y subrayó que será materia de análisis si el Gobierno de Entre Ríos “tiene responsabilidad, pero creemos que la Asamblea está desvinculada del tema”. De igual manera, reseñó: “Hay una pugna de intereses. Es legítimo el derecho de comercio que tiene una empresa de transporte como esta, pero hay que enmarcar que el reclamo de (la Asamblea de) Gualeguaychú es una respuesta justificada y proporcional a una violación a un Tratado de derecho internacional, por la que se ocupó tanto tiempo la ruta 136”, a la altura de Arroyo Verde. “Lo que hubo fue un legítimo ejercicio del derecho a la protesta”, remarcó. Si la firma finalmente lleva el caso ante los estrados judiciales y obtiene una reparación en dinero por el corte, el Estado podría pretender repetir la acción contra la Asamblea como entidad civil o contra sus integrantes, a fin de resarcirse. Ante este escenario posible, Leissa reiteró: “Creo que no hay responsabilidad (de la Asamblea) porque hubo una causa legítima que justificaba el reclamo en la ruta”. Otra eventualidad es la posible consideración de la protesta como un evento de “fuerza mayor”, que imposibilitó por su desarrollo el cruce, en el mismo nivel que un fenómeno natural que hiciera imposible el cruce hacia el Uruguay. “Si se considera responsable al Estado provincial porque permitió durante tanto tiempo la interrupción del tránsito, los argumentos que utilizará el Gobierno serán muy distintos a los que pueda apelar la Asamblea”, planteó el letrado. “Lo peligroso de esto, es que cambia el eje de la discusión. Hay situaciones comprensibles de un particular que se siente perjudicado. Pero el fondo de la cuestión es que el Estado nacional está acallando el problema que dio origen a este conflicto: hoy Botnia – UPM está contaminando y el control permanente que impuso el fallo del Tribunal de la Haya no se está haciendo”, concluyó.