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l periodista Oscar Londero explicó en Radio F5 que los ciudadanas y ciudadanos pueden conocer quiénes son las autoridades públicas que cumplen, o no, con la obligación que les impone esa norma. Es decir: quiénes son los funcionarios que informan sobre la conformación de sus patrimonios y cuáles no. Para eso basta con presentar una petición ante la Contaduría General de la provincia, el organismo que lleva el registro de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Sólo hay que invocar el decreto 1.169/05 GOB, que reglamenta el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. La presentación debe hacerse por la Mesa de Entradas de la Contaduría, ubicada en el primer piso de Casa de Gobierno. La solicitud debe hacerse por duplicado: el original sirve para iniciar el expediente y la copia queda como comprobante de la recepción del pedido de acceso a información pública. Dirigida al responsable de esa dependencia, el contador Aurelio Miraglio la respuesta debe ser brindada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presentación del pedido. Ese plazo se puede extender por otro período semejante, siempre y cuando exista una notificación fundada y por escrito en el domicilio del peticionante. El trámite es gratuito, no hace falta el patrocinio de un abogado y tampoco es necesario explicar las razones por las que se pide la información ni el destino que se dará a la misma.