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nhebrando testimonios, datos sueltos, coincidencias, se conforma un relato. La memoria y la desmemoria, pero también el compromiso y el desinterés modelan el resultado de ese relato: hay cosas que se toman y otras que se descartan. Igualmente queda un relato. Si hay una instancia de la vida en sociedad donde la mentira muestra su rostro más cínico, esa instancia son los juicios orales y públicos donde desfilan muchos testigos. Algunos para hacer una afirmación y otros para hacer exactamente la contraria o desmentirla. El juicio por el robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná y la sustitución de sus identidades es un caso de esos. Y allí también se va conformando un relato que los jueces, fiscales, querellantes –menos obligadamente los defensores que no tienen el imperativo de imparcialidad de las otras partes– van armando esa historia. Con los jirones que dejan la memoria y la buena voluntad de un puñado de personas. Y ese relato, con todo lo escuchado esta semana de audiencias, puede sintetizarse así: unos mellizos recién nacidos son internados en una clínica privada. En un establecimiento donde la atención se paga. En todas las incubadoras –ocho o nueve– hay tarjetas de identificación de niños con el nombre y algún otro dato. En las que ocupan los hermanitos en cuestión –una nena y un nene– también había tarjetas de identificación. En una de ellas, en lugar de nombre había una doble inicial: NN. Las enfermeras sabían que venían derivados del Hospital Militar y que su madre era una detenida política, una “subversiva” o “terrorista”, como parte de la sociedad llamaba entonces a los militantes perseguidos por la dictadura. Como todos los niños, estos mellizos son registrados al ingresar y egresar del centro asistencial privado. La nena fue anotada como “López, Soledad” el 4 de marzo de 1978 y el varón como “López, NN” el 10 de marzo de ese mismo año. El 27 de marzo fueron dados de alta. Tienen apenas días de nacidos y alguien, entonces, se encargó de llevarlos de allí. La clínica se llama Instituto Privado de Pediatría (IPP). Las enfermeras saben muy bien todo esto que se cuenta aquí; de hecho, son ellas –las únicas– las que aportan los datos esenciales para arribar al relato. Enfermeras que se jubilaron del Hospital Militar y colegas del instituto privado son las que saben de esta historia. Pero increíblemente los cuatro médicos dueños del instituto privado no conocen la historia –eso dicen ellos– o no la recuerdan. En sus testimonios, los médicos no han podido ponerse de acuerdo, ni siquiera, en decir quiénes eran los responsables de dar de alta a los niños. “El médico de cabecera”, dicen. ¿Qué médico de cabecera? No saben –eso dicen ellos– puntualmente cuál de los que actuaban en la Paraná de 1978. Frente a la elocuencia del libro administrativo, secuestrado en la clínica, donde precisamente se registraron los mellizos, hubo una aceptación por parte del médico Miguel Torrealday de que en su clínica había NN. En cambio, sus colegas y socios, David Vainstub y Ángel Schroeder, dijeron desconocer el libro y que estuvieran dando atención a hijos de una mujer detenida en el Hospital Militar. En cualquier caso, estos dos últimos se pusieron de acuerdo en señalar a Torrealday, actual funcionario del gobierno provincial en materia de Salud, como el responsable de Neonatología y por tanto el que más preeminencia tenía en el lugar. Todos coincidieron en algo: las respuestas a los interrogantes están en las historias clínicas, pero como el depósito de esos documentos se inundó –eso dicen ellos– las pruebas que aportarían nombres y acortaría el camino hacia el verdadero destino del mellizo con paradero aún desconocido sencillamente desaparecieron. Una periodista de la televisión abierta entrerriana que cubre el juicio hizo, entre salidas y salidas, una observación aguda: los tres médicos que declararon utilizaron expresiones calcadas para abrir el universo de médicos que pudo haber actuado en la atención y alta de los niños. Así el círculo no se limita a los apellidos Torrealday, Vainstub, Rossi y Schroeder. La clínica “era una institución abierta” y al ampliar señalaron que –aquí sí, palabras más, palabras menos– cualquier médico podía internar a sus pacientes ahí y hacer el seguimiento. Casi con la agudeza de un análisis de discurso, la periodista advirtió que la explicación sobre la destrucción accidental –eso dicen ellos– de las historias clínicas se dio con frases exactamente iguales por parte de los tres médicos que declararon. “Se mojaron y se estropearon”. Hay que agregar que en el libro que sí rescató la Justicia, pese a que no apunta nombre de médico alguno, sí está la procedencia de los chicos: “Hospital Militar”. No dice IOSE, que es la obra social que corresponde al personal del Ejército, sino directamente Hospital Militar. Se dijo ya la semana anterior que los médicos del nosocomio castrense sí admitieron que derivaron hacia el IPP a dos mellizos, hijos de una mujer detenida en el Hospital Militar. En efecto, Juan Luis Ferrarotti y Alfredo Berduc hablaron de los niños NN. Pero nadie puede decir quiénes atendieron a esos chicos en el IPP y quién autorizó el alta. A propósito del cardiólogo Berduc, que durante la segunda semana del juicio se mostró muy olvidadizo con nombres y circunstancias, pero no con el cuadro de salud que afectaba a uno de los niños, hay que decir que los testimonios de esta semana contradijeron severamente su afirmación respecto a que el mellizo varón habría muerto. La enfermera del laboratorio del Hospital Militar que más datos aportó dijo taxativamente que el niño no estaba cianótico, como había afirmado Berduc, que estaba en buenas condiciones y que mucho menos parecía tener una cardiopatía congénita severa. Pero el principal mazazo que recibió el testimonio de Berduc lo aplicó uno de los médicos del IPP, este viernes, ante una oportuna pregunta del fiscal José Ignacio Candioti. El médico Vainstub terminó aceptando que si hay una fecha de egreso de los mellizos es porque deben haber salido con vida. El juicio contra los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Marino Héctor González y Juan Antonio Zaccaría, éste último además médico del Hospital Militar, sigue su curso. El Tribunal Oral Federal de Paraná apunta dato sobre dato de esta historia, sin desconocer –a juzgar por las preguntas que formulan sus cuatro integrantes– el objetivo de hallar el destino del hijo mellizo que dio a luz Raquel Negro en cautiverio militar. La niña aquella, la melliza, es Sabrina Gullino, y junto con su hermano mayor Sebastián Alvarez con el que se encontró en 2008 cuando recuperó su identidad, siguen de cerca el desarrollo de la historia, que es su historia. Espeluznante Hay muchos elementos que podrían apuntarse como saldo de lo que dejó la tercera semana del juicio. Pero no se puede omitir la alusión al testimonio que aportó la empleada del área de Laboratorio y Hemoterapia del Hospital Militar, que deja muy mal parado a uno de los procesados: el médico Juan Antonio Zaccaría, aunque no para el caso que se juzga en esta oportunidad. Dijo la mujer –de la que se ha omitido publicar el nombre por una recomendación de la Mesa de Juicio y Castigo acogida por este medio– que “por orden de la Dirección” del Hospital Militar debió clasificar sangre extraída a detenidos políticos que llegaban con el rótulo de NN. También dijo que los comentarios daban cuenta de que esos detenidos estaban encerrados en los batallones de Ingenieros y Comunicaciones, donde, hoy se sabe, funcionó el mayor centro clandestino de detención que hubo en la provincia de Entre Ríos. “Tuve oportunidad de atender una cirugía a un NN”, dijo la testigo. Contó que buscó los elementos para extraer sangre y establecer el RH y grupo y que el médico le dijo que “no hay necesidad de eso porque dentro de un rato se muere”. Ella igual hizo su trabajo. Cuando el juez Roberto López Arango le preguntó el nombre del médico, la mujer no dudó: “El doctor Juan Antonio Zaccaría”. “Llegué a la Sala I –dijo en medio del llanto renovado– y tenía tanta angustia que tomé el teléfono para hablar con una amiga, a pesar de que no se podían hacer llamadas, y cuando mi amiga me atendió no pude hablar. Nunca más conté nada sobre el asunto, ni siquiera a mi familia”.