U
n fallo judicial ordenó a la Municipalidad de Paraná a reintegrar en sus funciones a una empleada de Obras Sanitarias que había sido trasladada a otra repartición. Según la dirigencia gremial, la medida se había adoptado a modo de "represalia". El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos (Sposer) destacó el fallo judicial que cuestionó "la"ilegalidad de la medida adoptada contra la empleada, que ocupa un cargo en la comisión directiva del gremio". El secretario general de Sposer, Rubén Palacio, explicó que "la Municipalidad de Paraná fue conminada, a través de una medida cautelar, a reincorporar en sus habituales tareas –y consecuentemente abonarle el adicional del que fuera ilegalmente privada– a una compañera con prestación de servicios en Obras Sanitarias". La causa había sido presentada en el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 2, a cargo de la jueza Viviana Murawnki, por el abogado Carlos María Fenes, asesor del gremio. Palacio recordó que la medida contra la trabajadora "fue desde nuestro punto de vista una represalía", luego del conocido inconveniente planteado hace un par de meses atras, por la falta de stock de insumos para la potabilización del agua. Aseguró que aquella situación "debió ser advertida públicamente, con la anticipación pertinente para que hicieran algo de lo correcto". Y ese hecho "trajo aparajado el traslado de la compañera, por medio de una resolución interna, quien tenía a su cargo la realización de tareas en esa área". Y exhortó al intendente José Carlos Halle y equipo de funcionarios "a ajustar su conducta a la legalidad objetiva, sin quebrantamiento ni desconocimiento de elementales derecho y garantías de fuente constitucional".