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l fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes emitió un dictamen donde avala la destrucción de los bonos Federales que el Estado provincial todavía conserva, no sólo en base a que ya se efectivizó el rescate en el marco del Programa de Unificación Monetaria puesto en marcha por el Gobierno Nacional en 2003 y al cual la Provincia adhirió por la ley N° 9.494, sino más aún si se considera el alto costo que demanda su custodia. Consideró también el fiscal que es necesario el dictado de una norma provincial -inexistente a la fecha- que determine la forma de llevar a cabo esa destrucción, entendiendo que deberá contemplar “el procedimiento normal y habitual” definido por el Nuevo Bersa con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La postura de Rodríguez Signes no es un dato menor frente una situación que tiene su complejidad, ya que no todos los organismos estatales que opinaron al respecto coinciden en la posibilidad de eliminarlos, debido a que se mantienen todavía una serie de causas judiciales para intentar canjear Letras de Tesorería que suman un valor nominal de 3.935.675 pesos. La Unidad Operativa de Control del Agente Financiero informó oportunamente que el Nuevo Bersa tiene atesorado un monto de letras por 254.829.713 pesos, que están en custodia del (BCRA) y un monto por 1.294.938 pesos en los tesoros de las sucursales Centro y Buenos Aires. Considerando que la emisión total fue de 260 millones, faltarían rescatar 3.875.349 pesos, por lo que los reclamos judiciales no podrían superar se monto. Además el Nuevo Bersa tiene bonos por un valor nominal de 85.968.000 pesos que no fueron puestos en circulación y otros por 37,8 millones de pesos de la reserva técnica requerida por la ley de emisión de las letras. Un dato central, que es el que amerita el planteo de destrucción de los recordados Federales, es que su custodia tiene un costo mensual de 60.000 pesos; es decir 720.000 pesos anuales que, desde 2003 a la fecha, se erogan para conservarlos. Otro dato llamativo refiere a la forma de la destrucción. Hace varios años -la discusión sobre la destrucción comenzó en 2003- la Fiscalía opinó que debían adoptarse los recaudos de registrar series, numeraciones, denominación y autenticidad de los bonos a destruir, los que deberían quedar asentados en la norma que autorizara el proceso. Esta recomendación fue retomada por la Contaduría General de la Provincia, que además señaló que igualmente es necesario considerar si estos registros que se labren antes de la destrucción son o no suficiente prueba por parte del Estado ante la eventual presentación de bonos por montos superiores al excedente (de 3,9 millones aproximadamente) en poder del público. Atendiendo a estas cuestiones, por ejemplo, la Secretaría Legal y técnica de la Provincia aconsejó no destruir los bonos; pero sí apoyó la iniciativa la Escribanía General de Gobierno, aclarando que el requisito previo era el registro pormenorizado de los bonos a destruir, que debía ser protocolizado. En tanto, desde la Nación la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias remitió al gobernador Sergio Urribarri una nota del BCRA solicitando el dictado de una norma que habilite la destrucción de los bonos rescatados oportunamente. Claro que, en la provincia, no había acuerdo sobre el modo de registrar los bonos antes de su destrucción. Si se decidiera relevar sólo tres datos: la serie, el número y el valor de cada bono, teniendo en cuenta que se trata de 26 millones de billetes, el tiempo requerido es exorbitante. Por ejemplo, a 10 segundos por billete, se necesitarían 72.222 horas y algunos minutos más de trabajo. Si la registración fue apenas dos segundos más lenta por cada billete, demandaría 86.666 horas y algunos minutos. Para redondear, si por registrar un billete se tardara 13,84 segundos, serían necesarias 100.000 horas de trabajo. La tardanza sería significativa. Por ejemplo, con cinco agentes trabajando 6.000 horas al año, aunque demoraran tan sólo 10 segundos por billete, el trabajo podría culminarse en 12 años. Está claro que hasta ese momento no podría comenzar la destrucción, por lo que a valores de hoy habría que destinar otros 8.640.000 pesos para la custodia de Letras.