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a Sala III de la Cámara de Casación penal declaró “mal concedido el recurso de casación promovido por el ministerio fiscal” en la causa que se le sigue a diez asambleístas de Gualeguaychú por los cortes de ruta. Con esto, la Justicia le dice al fiscal general que “interpuso un recurso extraordinario cuando no correspondía y se vuelve a foja cero”, es decir, “el Juzgado federal de primera instancia de Pimentel va a tener que decidir en que consistió la intervención de estas personas a quienes querelló el gobierno”, explicó el abogado Luis Leissa. En ese sentido el letrado indicó que "la Sala III de la Cámara de casación penal, por voto del doctor Eduardo Riggi y ampliación de fundamento del doctor Wagner Mitchell y al que adhirió la doctora Liliana Catucci declararon mal concedido el recurso de casación promovido por el ministerio fiscal, por el fiscal general Álvarez”. Al respecto, explicó: “la sentencia no era definitiva y en consecuencia no cabía un recurso extraordinario. El recurso extraordinario de casación sólo está reservado a aquellas sentencias que son definitivas”. “Lo que la Cámara está diciendo es que acá no hay elementos; es una derrota del ministerio fiscal porque le dice que interpuso un recurso extraordinario cuando no correspondía y se vuelve a foja cero, al 2010, cuando el procurador del tesoro (Joaquín) Da Rocha, por instancia del Ejecutivo nacional que dictó un decreto, querelló a los asambleístas”, recordó el letrado. Y amplió: “como no está cerrada la causa, no hay una sentencia definitiva, la causa vuelve a la Cámara federal y por disposición de dicha Cámara va a volver al Juzgado federal”. Por eso, “el Juzgado federal de primera instancia de (Gustavo) Pimentel va a tener que decidir en que consistió la intervención de estas personas a quienes querelló el gobierno, va a tener que eventualmente correrle vista al agente fiscal y ver si se promueve una causa penal”, indicó el asesor legal. En este sentido, destacó: “Hasta ahora no hay elementos, la denuncia del gobierno fue un despropósito, con el único objetivo de amedrentar y acallar la protesta”. Sobre como seguirá este tema, el abogado estimó: “creo que el Juzgado de Concepción del Uruguay, utilizando las palabras de la Cámara de Paraná, va a readecuar la causa, van a ver en qué consistió, porque no se sabe, la presunta actividad delictiva, lo que muestra la imprudencia y la ligereza con que se hizo la denuncia por parte del gobierno, y cuando se determine en que consistió, quién intervino como autor, quién como coautor, quién fue partícipe secundario o meramente espectador, ocasionalmente con todos esos elementos ver si corre vista al agente fiscal para que requiera o no la formación de causa”. Asimismo, “mas allá de lo técnico jurídico, ahora se advierte que no hay elementos para la formación de una causa; mientras tanto, lo cuestionable es que 10 personas siguen envueltas en un proceso penal sin haber sido apartados, por ejemplo, por vía de un sobreseimiento, más allá de que el juez federal Pimentel dijo que no había elementos para una indagatoria”, reflexionó. Con todo esto, lo resuelto este lunes por la justicia “es negativo en cuanto sigue la incertidumbre, pero por otro lado es positivo respecto a que se demuestra lo infundado de todo esto, con el único objetivo que tuvo el gobierno de perseguir a los asambleístas”. Vale recordar que los ambientalistas querellados son Ana Costa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Víctor Limba, Juan Ferrari, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Paola Robles y José Gómez. Se los acusa de homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad.