E

l día que lo iban a desalojar, Mario Alberto Yedro esperó en la tranquera de esa estancia pretenciosa ubicada a unos kilómetros de Guardamonte, un caserío perdido en medio del departamento Tala, vestido de pontifical, algo fastidiado por la situación. Firmó los papeles de rigor con el ceño fruncido y una vez que acabó de firmar esos papeles supo que era el principio del final: esos papeles eran el acta de desalojo del campo de 2.164 hectáreas que seis años atrás la Justicia le decomisó. Condénese, creyó recordar que decía la sentencia, a Mario Alberto Yedro a la pena de 3 años de prisión condicional, a pagar una multa de 90 mil pesos, a no poder ejercer cargos públicos durante una década y a perder ese campo que había comprado durante los 90.

Santiago Nassar, el personaje que creó Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, hizo todo lo que debía hacer antes de aquel final trágico: trasnochó en una boda de pueblo, amaneció desvariado para ir a primera hora de la mañana a recibir al puerto a un obispo que nunca desembarcó en el pueblo y que pasó de largo, y después volvió donde su madre, sin saber, no tenía por qué saberlo, que ocurriría aquello que la novela cuenta desde las primeras frases.

Yedro, calzado en sus botas de estanciero, abrió la puerta de la chacra que ya no le pertenece como el mejor anfitrión, y lo hizo para cumplir un último ritual: firmar el acta de desalojo. Comprometerse a irse, ahora sí, definitivamente.

Doble firma

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, llegó al campo que era de Yedro, pero que Yedro -ex senador provincial justicialista entre 1987 y 1991, y entre 1996 y 1999- ocupó sin demasiados complejos como si fuera propio, acompañado del fiscal adjunto, Pablo Bauducco.

Ese campo, 2.164 hectáreas plantadas en la zona de Guardamonte -departamento Tala-, cubiertas por más de 1.100 cabezas de ganado que el ex senador crió a sus anchas durante más de un lustro en calidad de intruso, pasó en 2005 a ser propiedad del Estado entrerriano. Pero el Estado entrerriano debió batallar contra el ex senador que utilizó todos los recursos legales necesarios para voltear aquella sentencia que lo condenó por enriquecimiento ilícito. Esa sentencia incluyó el decomiso del campo.

Yedro siguió actuando como amo y señor de ese campo. Y no fue sino hasta el viernes luminoso de agosto, que aceptó irse, y firmó el acta de desalojo. “Definitivamente se fue”, dijo Rodríguez Signes, con la copia del acta de desalojo en la mano.

“En realidad -aclaró- firmamos dos actas: una fue por el desalojo del campo; y la otra, en la que nos constituimos como depositarios de los animales que todavía quedan en el campo”.

-¿Cuántos animales hay? El recuento que había hecho la Policía a pedido de la Justicia dio que había en total 1.189 cabezas.

-Se está haciendo el conteo. En eso está la Policía Rural. No sabemos cuántos hay, porque va variando, entre otras cosas por los nacimientos. Ahora están haciendo el recuento.

No va más

El campo, 2.164 hectáreas, valorizado en 7,5 millones de dólares, fue puesto en poder del Estado como parte de una condena en contra de Yedro por enriquecimiento ilícito. El fallo es de 2005, pero el traspaso no se dio sino hasta 2008, pero de modo precario.

En 2010 Yedro volvió a asentar sus reales en la chacra, y reclamó a la Justicia que le devolviera todo lo que le había quitado. De paso, batalló en la Suprema Corte de la Nación con un recurso de queja para que se dejara sin efecto las condenas en su contra.

Al final, no consiguió ni lo uno ni lo otro. La Corte le rechazó la solicitud, y en vez de conseguir que le devolvieran el campo -arguyó que había terceros damnificados, por cuanto la propiedad del campo era de la sociedad Delrubio & Hunmendi, en la que comparte paquete accionario con sus hijas Fátima, Luciana y Lara- la Justicia provincial le inició una causa por el delito de usurpación, en la que está procesado.

-¿Qué garantías existen de que no haya nuevos recursos de Yedro con vista a recuperar el campo? - se le preguntó al fiscal de Estado-.

-No puede volver. Tiene todos los caminos cerrados. La Corte le rechazó el recurso de queja, así que en esa instancia no hay más espacio para seguir reclamando. Podrá intentar algún recurso, pero posibilidades de que eso tenga éxito no existen.

En tanto, 15 policías custodiarán en forma permanente el campo decomisado a Yedro que ahora pasó a manos del Estado.