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e la redacción de INFORME DIGITAL Con el recuerdo aún fresco del acto encabezado en 2006 por Néstor Kirchner en Gualeguaychú, junto a 18 gobernadores, declarando causa nacional la lucha ambiental contra la pastera Botnia (actualmente UPM), resulta difícil comprender que hoy un grupo de 10 manifestantes –denunciados por un gobierno del mismo signo político y enmarcado en el mismo proyecto- esté a menos de 72 horas de conocer la sentencia en el juicio por “homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, sedición, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad”. En diálogo con radio f5, la abogada Ana María Angelini, integrante de la asamblea y además representante legal de algunos de sus compañeros consideró que “evidentemente hay una clara intencionalidad del gobierno de criminalizar la protesta social” y marcó varios puntos contradictorios en la postura oficial desde 2005 a la actualidad. Entre otras cosas contrapuso el hecho de que “la causa contra los directivos de Botnia está durmiendo en un freezer” y señaló que desde la asamblea han tratado de que la causa “se movilice, de que se vuelva a citar a los directivos de Botnia y porque hay una decisión de protegerlos en Uruguay, desde Argentina no se ha hecho absolutamente nada”. Asimismo, definió como “ilógicas” las denuncias que el gobierno ha efectuado “contra nuestros compañeros que hoy se ven acusados como si fueran delincuentes”. Realmente creo que el gobierno no ha sabido dar una respuesta a esta problemática. Cuando dijo que esto era una causa nacional, la alentó todo el tiempo mientras estaba el juicio en la Corte internacional de La Haya la defendió ante el Tribunal del Mercosur” y “de estar avalando, manera consintiendo esta protesta social, nos vamos al otro extremo y pasamos a ser denunciados por el propio gobierno”. “La Presidenta hace mucho tiempo que decidió no recibirnos”, denunció Angelini, que aseguró que también han pedido reuniones a nivel Cancillería o Secretaría de Medioambiente y tampoco recibieron respuesta. La asambleísta se mostró insistente en su intención de hacer notar que el gobierno esta llevando a juicio un movimiento que de hecho alentó hace nada más que cinco años atrás. “Cuando el gobierno viene y declara la causa nacional y durante todo el tiempo que siguió tomándola como causa nacional Gualeguaychú estaba cortando la ruta y llevando a cabo una protesta social”, recordó y marcó que el cambio drástico de posición llega a tal punto Al punto tal que “hacen abrir un juzgado un día sábado a la tarde para presentar esta denuncia como que fuéramos delincuentes de máxima peligrosidad”. “No hay que olvidarse que aparte de estos 10 que están en Comodoro Py, hay 45 más que se están tramitando en el Juzgado federal de Concepción del Uruguay”, subrayó.