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s el día miércoles 24 de agosto. La tensión se siente en el aire mientras el sol le pone brillo a una jornada histórica. El reloj marca las 10.28. El murmullo de los que vienen y van gana la escena. Un enjambre de hombres del Servicio Penitenciario ingresa a la sala acompañando a los acusados que, uno a uno, se van acomodando en las sillas dispuestas sobre la derecha, de frente al estrado. Es, sin dudas, un día histórico. El miércoles se inició el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. De alguna manera comenzó a levantarse el velo de la impunidad, en un día fresco pero pleno de emoción y colorido en las calles. En el inicio del debate se leyeron las acusaciones que pesan sobre los seis represores imputados en la causa. En la fila de adelante, Pascual Oscar Guerrieri tomaba nota cada vez que se lo mencionaba y hablaba con el resto de los imputados, como si jugara el papel de jefe que supo tener en los años oscuros. A su lado estaba Jorge Alberto Fariña y, al lado de éste, Marino Héctor González; en la fila de atrás se ubicaron Walter Salvador Pagano, Juan Daniel Amelong y el médico Juan Antonio Zaccaría. A veces hacían como si dormitaran. Nada de lo que se decía parecía sorprenderlos. Como tampoco debió sorprender el espectáculo que montó Amelong cuando se vio en el ojo de las cámaras. Así se ganó una reprimenda del presidente del tribunal. Los seis represores están acusados por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años de edad, que prevé una pena de tres a diez años de prisión; y supresión y alteración de sus estados civiles, que tiene una pena de uno a cuatro años de cárcel. Se trata de los mellizos, un varón y una nena, que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Cuestiones iniciales En la apertura del debate, el defensor oficial Mario Franchi –luego adhirió también Humberto Franchi– solicitó al tribunal la unificación de las querellas en nombre de la garantía del derecho de defensa de los acusados y para evitar una supuesta violación del principio de igualdad de armas; al tiempo que pidió que no haya más de dos representantes por cada una. Además, los abogados defensores reclamaron la exclusión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como parte en el proceso, por considerar que la representación del Estado en el debate estaba garantizada con la presencia de los fiscales Marina Herbel y José Ignacio Candioti. Los planteos fueron rechazados, pero el tribunal –integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero, Juan Carlos Vallejos y María Ivón Vella como será jueza sustituta– sugirió que no haya más de dos representantes por cada una de las querellas. Acusación Entre fines de febrero y principios de marzo de 1978 los integrantes de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro para dar a luz en Paraná. La mujer, embarazada de siete meses, había sido secuestrada en Mar del Plata el 2 de enero y alojada en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, donde estaba casi toda la cúpula regional de Montoneros. Su traslado a Paraná estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, para combatir el accionar de la organización Montoneros. El grupo estaba a cargo del teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, y que también tenía el control de los centros clandestinos de detención que funcionaban en la zona: Quinta de Funes, La Calamita, la Escuela Magnasco y La Intermedia. Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Jorge Alberto Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro, ya que era quien disponía del accionar cotidiano de la patota. En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento en Rosario –luego se supo que era el Hogar del Huérfano–, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo. Precisamente esta fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino. El capitán Marino Héctor González, como jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien coordinó los trámites para el traslado e internación de Raquel Negro en Paraná, donde estaba el único hospital militar de la zona; y también organizó las guardias para la custodia mientras duró su convalecencia. En el operativo intervino también personal civil. Juan Antonio Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación y que sabía de la condición de detenida-desaparecida de Raquel Negro. El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital dijo haber sido convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la Sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN. Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud de varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro. La emoción de Sabrina Este es un momento muy importante y conmovedor. Se cruzan muchas emociones, pero a la vez estoy muy contenta de estar en Paraná, con tanta gente querida y con la certeza de que aunque la justicia sea lenta, el esfuerzo de los organismos de derechos humanos y tanta otra gente valió la pena”, afirmó Sabrina Gullino, la hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que recuperó su identidad en diciembre de 2008. A su lado, como siempre, estaba su hermano Sebastián, que también estuvo secuestrado en la Quinta de Funes cuando tenía un año y medio. “Ver a los represores sentados en el banquillo da una sensación de que todo lo hecho valió la pena y que este juicio es el resultado de la lucha de tanta gente”, afirmó. Si bien admiten que el juicio es el resultado de un trabajo de seis años de investigación, no pierden de vista que es la posibilidad de llenar un vacío. “Nosotros esperamos que este juicio sea una bisagra que nos permita encontrar nuevas pruebas o indicios sobre lo que pasó con nuestro hermano mellizo. Sabemos que Paraná fue un punto estratégico porque allí funcionó una maternidad clandestina y ojalá que todos los que sepan algo sobre el melli se acerquen a decirlo porque es un momento histórico en el que pueden ayudar a reconstruir una verdad. Ojalá que los testigos puedan hacer memoria y recordar, porque cualquier dato es importante para el fin que perseguimos que es encontrar a nuestro hermano”, sentenció Sabrina.