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a comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitará la expulsión de cuatro afiliados que colaboraron con los represores durante la última dictadura militar. El dato surgió a partir de la publicación por parte del Gobierno nacional de los listados de exagentes de inteligencia. “No teníamos el procesamiento de esa información que es muchísima, y con el trabajo del compañero (Pablo Churruarín) que digitalizó todo e hizo un entrecruzamiento de bases de datos, comenzó a saltar la evidencia. Lo primero que se destacó es la existencia de agentes civiles de inteligencia dentro de la filas de ATE Entre Ríos y CTA”, explicó el secretario adjunto electo de ATE, Manuel Ramat, durante una conferencia de prensa. A partir de eso, la comisión directiva del sindicato denunció el hecho y decidió pedir en el marco del próximo congreso extraordinario la expulsión de Julián Andrés, Raúl Sciascia, Luisa Begnis y Carlos Carlevaro, cuatro afiliados que colaboraron con el régimen durante la última dictadura. “Los mismos militares le reconocieron un papel fundamental a la inteligencia civil organizada, que facilitaron el secuestro, la tortura, la desaparición y muerte de miles de personas. Por eso es incompatible éticamente que permanezcan en nuestras filas, mientras defendemos los derechos de los trabajadores y recordamos a nuestros compañeros caídos”, expuso el dirigente gremial, y añadió que “sólo cumplimos con el papel que nos corresponde como organización civil, y exhortamos a cada institución que investigue y cumpla con su papel, porque esta política de infiltración fue generalizada para destruir todo intento de organización social”. El listado corresponde a personas que colaboraron entre el 76 al 83, y los cuatro sindicados como agentes civiles se afiliaron a ATE varios años después. Aún se desconoce qué papel jugaron para los represores, ya que es sabido que varios civiles participaban activamente en grupos de tareas, mientras que otros sólo brindaban información. “Vamos a hacer una petición en el ámbito judicial para que se entrecrucen datos de cada organismo con este listado suministrado por el gobierno de la Nación. Uno de los casos más paradigmáticos que se descubrió fue el de Mónica Torres, que fue secretaria de Derechos Humanos durante el gobierno de Jorge Pedro Busti, y que resultó ser una infiltrada del servicio de inteligencia entre el 76 y el 83. Ahora queremos que con este ejemplo se investiguen otras reparticiones, pero que lo haga de oficio la Justicia. Para que cada institución sepa quién es quien dentro de sus padrones, porque gracias a la eficacia de estos tipos, hoy tenemos a 30.000 compañeros desaparecidos”, manifestó María Luz Piérola, integrante del Registro Único de la Verdad, una de las organizaciones pertenecientes a la Mesa por el Juicio y Castigo. Por su parte, Pablo Churruarín, de Hijos Paraná, señaló que es importante erradicar a esas personas que hoy “siguen infiltradas, que vienen desde mediados de los 80 y principios de los 90. Continúan actuando, no sabemos a quién reportan, si bien en teoría el aparato represivo está desmantelado, esta gente sigue afiliándose”.