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iez mil cuatrocientos ochenta y cuatro días se tomó la democracia para llevar por primera vez a los estrados judiciales en la provincia de Entre Ríos a quienes ejecutaron los crímenes más terribles que se hayan cometido en la Historia argentina. El miércoles comenzará el juicio contra seis represores acusados por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a cinco militares y un médico con rango militar, acusados por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. En el banquillo de los acusados estarán los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González; junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de la capital entrerriana. Los represores están detenidos y acusados por los delitos de sustracción de menores de 10 años de edad, que establece una pena de tres a diez años de prisión, y supresión de sus estados civiles, con pena de uno a cuatro años, en calidad de autores mediatos. El tribunal estará integrado Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos –María Ivón Vella será jueza sustituta–. Los fiscales serán Marina Herbel y José Ignacio Candioti (coadyuvante); los querellantes serán Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Ana Oberlin y Álvaro Baella, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo; y Álvaro Piérola y Florencia Amore, por Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez y la agrupación Hijos. En tanto, Mario Franchi será el defensor oficial de los militares imputados y Humberto Franchi será el abogado de Zaccaría. Las audiencias se desarrollarán los días miércoles, jueves y viernes en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones y el debate se extenderá hasta el 16 de septiembre. Para el juicio están citados a declarar 49 testigos. La nómina incluye, entre otros, a Sabrina Gullino, su hermano Sebastián Álvarez; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Cardozo; Jaime Drí, sobreviviente de la Quinta de Funes; los periodistas Miguel Bonasso, Carlos Del Frade y Reynaldo Sietecase; el represor Eduardo Costanzo, que aportó datos clave sobre el operativo; y las enfermeras que atendieron el parto y luego a los mellizos. Finalizada esta etapa se realizarán inspecciones judiciales en el Hospital Militar y en el Instituto Privado de Pediatría, por lo que el juicio duraría alrededor de dos meses. Precisamente Costanzo será el primero en declarar, el 31 de agosto, y la policía ya tiene preparado un operativo de seguridad inédito, ya que el represor, que goza del beneficio del arresto domiciliario en Rosario, ha recibido varias amenazas de muerte. Previo a eso, el abogado defensor de Zaccaría adelantó que planteará la suspensión del proceso en su contra, argumentando problemas de salud, a pesar de que el 3 de junio el médico fue sometido a una pericia en la que se determinó que estaba en condiciones de enfrentar un proceso judicial. De hecho, el tribunal, al momento de fijar la fecha para el debate oral y público, desestimó repetir los estudios por lo reciente del examen anterior. Operativo Raquel Ángela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de la mujer, que tenía un año y medio en ese momento. El mismo día fueron trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, donde estaba alojada casi toda la cúpula regional de Montoneros. Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro para dar a luz. El represor Eduardo Costanzo contó en sede judicial que la mujer fue trasladada a Paraná porque allí estaba “el único hospital militar de la zona” y acotó que “fue internada como sobrina de (Leopoldo Fortunato) Galtieri y siempre estaba custodiada por personal que venía desde Rosario y se relevaba cada 24 horas; tenía una habitación alejada, con dos camas, una ocupada por ella y otra por el custodio”. Raquel Negro estuvo alojada en la Sala I del Hospital Militar de Paraná, bajo la custodia de personal de las Fuerzas Armadas, hasta que dio a luz a mellizos, un varón y una nena. Según la investigación judicial, horas después de nacer los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, por complicaciones en su salud, e ingresados como “López, Soledad” y “López, NN”. Una vez dada de alta, la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, desde allí entregada a la Justicia de Menores y dada en adopción legal. Recién en diciembre de 2008 se logró restituir la identidad a Sabrina Gullino; pero hasta el momento nada se sabe del otro bebé. Raquel Negro fue devuelta sin vida a Rosario y su cuerpo habría sido arrojado en los denominados “vuelos de la muerte”, junto con otros 14 dirigentes montoneros que estaban secuestrados en el centro clandestino de detención La Intermedia, una quinta propiedad de la familia Amelong, ubicada en el kilómetro 24 de la autopista Rosario-Santa Fe. Civiles y militares El operativo para el traslado de Raquel Negro a Paraná estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales que funcionaba bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército. El responsable era el teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, que a vez era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario, y dirigía las detenciones de personas en los centros clandestinos de detención que había en la zona. Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Jorge Alberto Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro desde la Quinta de Funes al Hospital Militar de Paraná. En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron quienes abandonaron a la nena en un convento en Rosario –luego se supo que era el Hogar del Huérfano–, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo. Paraná Por su parte, el capitán Marino Héctor González era jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná y coordinó la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia. En tanto Juan Antonio Zaccaría estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que el médico se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación. El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la Sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN. Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud del varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.