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l final, todo llega a su fin. Este miércoles Mario Alberto Yedro deberá despedirse, se entiende que para siempre, del campo que fuera de su propiedad, 2.164 hectáreas, en Raíces Norte, departamento Tala, y que la Justicia le expropió en 2005 como parte de una sentencia en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Una jueza había sido condescendiente con Yedro, ex senador provincial justicialista durante dos períodos, entre 1987 y 1991, y entre 1996 y 1999, que había sido concejal en Concordia al inicio de la recuperación democrática, en 1983, y le permitió, de modo inaudito, que se tomara 60 días para irse de una propiedad que ya no era suya.

El 12 de mayo último la jueza de Instrucción de Rosario del Tala, Noelia Virginia Ríos, había admitido un pedido del ex senador y le dio dos meses para completar la mudanza. Yedro debió irse, en realidad, a principios de mayo, pero antes de partir apeló a una batería de argumentaciones para estirar los plazos. Dijo que no encontraba lugar adonde mudar sus 1.200 cabezas de ganado y sus 80 caballos, aunque en el ínterin, se ocupó de trillar la soja que había sembrado en campo ajeno.

La jueza Ríos encontró razonable el pedido y aplazó hasta este miércoles el desalojo total.

En realidad, el ex senador se había manejado como si nada hubiese sucedido, menos una condena de la Justicia provincial en la máxima instancia, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que lo encontró culpable del delito de enriquecimiento ilícito.

El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia lo condenó, luego de hallarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito, a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de un campo de más de 2.100 hectáreas valuado en 7,5 millones de dólares.

La custodia del campo expropiado a Yedro quedó entonces, según el fallo judicial, en manos de la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, pero ese paso no se cumplió sino hasta 2008. El bien inmueble había sido incorporado al patrimonio del ex senador a través de la sociedad Delrubio & Hunmendi, de la que participaba junto a su ex esposa, Silvia Torres, y de la que después, tras el divorcio, pasaron a formar parte sus hijas.

En 2010 Yedro contraatacó. Entabló una demanda ante la Justicia Civil y Comercial de Tala para reclamar la devolución del campo que la Justicia le había quitado. Razonó que la condena judicial recayó sobre el socio gerente, el ex senador provincial, y no sobre la sociedad Delrubio & Hunmendi en su conjunto, que así se convirtió “tercero no responsable”. Los “terceros no responsables”, en realidad, son sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, que, luego de su divorcio, pasaron a formar parte de esa sociedad comercial.

La presentación de Yedro se convirtió en un bumerang: el procurador general, Jorge García, ordenó al fiscal Samuel Elbio Rojkin impulsar una denuncia contra Yedro por los supuestos delitos de “usurpación”, al ocupar un campo que había dejado de ser de su propiedad, y además por “estafa procesal”, al iniciar una demanda de devolución de un campo que había sido quitado en el marco de una sentencia judicial. Además, el recurso judicial presentado ante el juez Civil y Comercial de Tala, Gastón Agotegaray, denominada “acción reivindicativa”, le resultó adverso: el juez afirmó que el dictado del decomiso “ha sido correctamente interpuesto”.

Otro escenario

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, confirmó que este miércoles se cumplen los últimos 60 días de plazo que tiene Yedro para abandonar el campo de Raíces Norte. A la vez, abrió algunas incógnitas respecto de cuál será el destino final del predio. “La posesión de ese campo ya la tiene la Fiscalía de Estado. Estamos cumpliendo con la orden judicial que le dio un plazo de 60 días para retirar bienes no decomisados. Esa orden está firme, así que el día 13 vamos a ir con el oficial de Justicia en turno para realizar una constatación respecto a si cumplió o no con esa orden”, indicó Rodríguez Signes.

Una vez que el ex senador saque todo lo que deba sacar del campo, apuntó, “realizaremos los actos de administración que le corresponden a la provincia, e instalaremos custodia administrativa y policial”. Rodríguez Signes, duda, de igual modo, qué destino dar a la chacra, pero habla de tiempos perentorios: “Rápidamente, debemos darle un destino a ese campo. No puedo dejar 2.200 hectáreas a la deriva. Quizá mediante un régimen precario, otorgárselo en custodia a un municipio cercano, un hospital o a Educación, o que alguna entidad intermedia le dé un uso productivo al campo”.

“Pero en el horizonte, todavía no hay ningún destino. Nosotros no pensamos poner a la venta el campo ni nada que se le parezca, sino mantenerlo bajo el patrimonio del Estado. Una posibilidad sería abrir un concurso, y ofrecerla a los particulares a ver qué clase de emprendimientos se puede empezar allí. Pero siempre tiene que ser algo que suponga el préstamo, el alquiler, no la venta, y alguna actividad que sea productiva”, subrayó el funcionario.