D
e la redacción de INFORME DIGITAL La Asociación Bancaria salió a pedir que aparezcan responsables políticos tras el dictamen que declaró incompatible con las normas nacionales la Ley provincial (aprobada por unanimidad en la Legislatura) que determina el traspaso de los empleados del Nuevo Bersa al sistema previsional provincial. Consecuencia: la ley no se aplicará. Sin embargo, el gobierno fijo postura y va en el sentido de respetar la resolución de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación: “si la autoridad competente que es la secretaría de Seguridad social se expide en este sentido manifestando la imposibilidad jurídica, creo que la decisión política lo único que puede hacer es acatar esta opinión”, dijo a radio f5 el titular de la Caja de Jubilaciones Daniel Elías. “Ya no queda margen desde el punto de vista político para contraponerse a una decisión jurídica de la autoridad competente”, argumentó. “Para el gobierno provincial este dictamen va a ser vinculante y por lo tanto lo vamos a aplicar a rajatabla”, expresó el funcionario sin dejar lugar a dudas. Asimismo, Elías defendió la posición del gobierno a lo largo del conflicto que se mantuvo en el sentido de no hacer lugar a las peticiones de los trabajadores bancarios y dejar el tema en manos de Nación: “si esta es la decisión, imaginen qué hubiera pasado si la Caja (de Jubilaciones) o el gobierno provincial hubiera cedido a la presión y hubiera tomado esos aportes hubiéramos generado una crisis en el sistema previsional de esta población porque hoy la caja o el gobierno provincial estarían en la crítica situación de tener que devolver los aportes y, lo más grave, los trabajadores hubieran quedado desprotegidos desde el punto de vista de la previsión social por todo el tiempo que la caja hubiera tomado esos aportes”. “Otras alternativas” Finalmente, el funcionario prometió “seguir trabajando y buscar otras alternativas, fundamentalmente analizar la posibilidad de los fondos complementarios o los sistemas complementarios”.