E
l lenguaje corporal y la vestimenta. Con esos elementos, sencillos pero certeros, los trabajadores del Hospital Centenario, de Gualeguaychú, frenaron lo que sería una venta de un bebé recién nacido. Todo ocurrió en los últimos días con una mamá, joven pero mayor de edad, oriunda de Islas del Ibicuy, que llegó al principal nosocomio de Gualeguaychú para dar a luz a su hijo. Los controles previos, las atenciones médicas de rigor, antes del momento del alumbramiento, se realizaron en un centro asistencial del departamento Islas. Mientras que ya sí la internación se produjo en el Hospital Centenario. La mujer llegó sola y a las pocas horas ya estaba siendo acompañada por una pareja de un origen socioeconómico evidentemente distinto. La estampa ya era extraña para enfermeras y médicos. Pero nada hacía sospechar, hasta ahí, que podría tratarse de un caso de venta de un bebé. Podría tratarse, ante los ojos de desconocidos, de una mujer que acudía a tener su hijo acompañado de sus patrones. Las sospechas llegaron cuando el hombre acompañante acudió a anotar a la criatura como su hijo biológico. Hubo un detonante: a la oficina ingresaron la madre biológica y el hombre que decía ser el padre. La mujer estaba vestida con vestimentas muy humildes y el hombre con prendas de marca. Pero lo que hizo desató las sospechas fue que la madre cargaba el bebé. “Ningún padre deja que su esposa, novia o pareja cargue con el niño cuando recién tuvo el parto. Había como una distancia entre el padre y su supuesto hijo. Por lo que nos dijeron las personas que estuvieron en la atención en el hospital, el cuadro no cerraba”, dijo la abogada María Angelica Pivas, coordinadora del Foro Social de la Infancia Robada Gualeguaychú, cuya jurisdicción comprende, además Tala, Larroque, Pueblo Belgrano y Urdinarrain. Actuación A las sospechas le advino una acción concreta y pronto el caso recaló en el Juzgado Federal con sede en Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel. Antes pasó por la mano del un defensor de menores y el juzgado ordinario. Fue precisamente el juez de Menores de Gualeguaychú, quien citó a la madre biológica. La mujer –cuyos datos no trascendieron– terminó declarando que tenía la intención de dar a su hijo en adopción. El punto es que no había ningún trámite iniciado. La doctora Pivas recordó que en Entre Ríos existe un Registro Unico de Adoptantes que debe respetarse” y que las inscripciones están en manos, exclusivamente, de las defensorías de menores. De tratarse de una adopción sería, cuando menos ilegal. La investigación que inició la Justicia es por el posible delito de privación de la identidad, con el bebé recién nacido como víctima. “Se trataría de una privación de identidad porque aparece una persona que lo anota como progenitor y que no lo sería”, apuntó Pivas. El juez federal convocó al presunto padre para la extracción de muestra de ADN, pero hasta el miércoles el presunto implicado no había comparecido. Según dijeron, el hombre imputado en este caso es oriundo de Buenos Aires. “Podría tratarse de un caso de compra de bebés. En cualquier caso, hubo aquí una rápida acción del Foro Social que frenó la situación. El bebé está en guarda, en buen estado, mientras la Justicia ya se encuentra investigando”, agregó Pivas. Otro hecho También con acción del Foro Infancia Robada se sustanció otro caso que involucra a un matrimonio extranjero que habría logrado comprar un bebé nacido en Gualeguaychú en 40 mil dólares. En tanto el caso reciente registrado en el Hospital Centenario, la venta fue frustrada y se hubiese pactado por un precio notablemente menor. 4.000 dólares, es lo que pagó en un caso anterior una familia extranjera por un bebé nacido en Gualeguaychú. Ahora la transacción no se habría completado, pero es el monto sería sensiblemente menor. "Infancia robada” La red está conformada por Foros Sociales Infancia Robada que se van conformando en todo el país, con una coordinación general de la religiosa Martha Pelloni y la doctora Wanda Candal. En Gualeguaychú tiene una representación y en ella trabajan asistentes sociales, médicos, enfermeras, abogados o agentes del sistema de Salud, policías y demás trabajadores que puedan estar en posibilidad de descubrir casos de víctimas de tráfico y trata de personas, abuso infantil, explotación sexual infantil y adicciones. Casos en La Paz El pasado mes de mayo, la presunción sobre la venta de bebés o entregas directas preadoptivas se habían posado sobre la localidad entrerriana de La Paz. De hecho, el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Raúl Patricio Solanas, advirtió a la Justicia de la necesidad de encarar una profunda investigación en aquella localidad ante la presunción de que allí existiría una red dedicada al tráfico de niños, que se otorgarían en adopción bajo formas irregulares. Según el funcionario “ya se venia interviniendo en esta situación desde el año pasado, atento a que se poseían datos referentes a una posible entrega directa del bebé, disponiendo el acompañamiento de la madre, tratando de fortalecer su rol materno, entre otras acciones, sin embargo el hecho igualmente sucedió, habiéndose producido el nacimiento en una clínica privada”. “El hecho denunciado no es el primero que ocurre en la citada localidad. Ya han sucedido otros que han implicado entregas directas de bebé, en clara violación a las normas legales vigentes”. En su momento planteó Solanas que “se adopten urgentes medidas para evitar hechos repetitivos”, y propuso a la Justicia que la mira se ponga sobre las clínicas privadas.