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a Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú se siente “defraudada” por las autoridades nacionales y provinciales a un año del levantamiento del corte de la ruta 136. Así lo hicieron saber en un documento que aprobaron el domingo, en el marco de una manifestación que realizaron en Arroyo Verde, precisamente para recordar el fin del piquete. Los asambleístas renovaron su reclamo para que se cierre la fábrica de pasta de celulosa UPM (ex Botnia), a la que acusan de contaminar, desde sus instalaciones en Fray Bentos, toda la región y también las playas gualeguaychuenses. Tras recordar que levantaron el corte de la ruta porque las autoridades argentinas calificaban a la medida como el principal escollo en las negociaciones con Uruguay, los asambleístas dijeron que finalmente las autoridades estatales no cumplieron sus promesas. En ese sentido recordaron que el gobernador Sergio Urribarri se había comprometido a intensificar la campaña de difusión contra las pasteras, que el ministro Ángel Giano anticipó una campaña de concientización de salud y que el intendente Juan José Bahillo aseguró que instalaría un laboratorio para hacer mediciones de los niveles de contaminación. “Nada de esto se cumplió”, denunciaron en un documento los asambleístas. Hubo además críticas al gobierno nacional: “El Estado ha intentado acallar el conflicto y ocultar, en lugar de reclamar y fomentar la participación popular como prescribe la Ley General de Medio Ambiente”, refirieron. “Las autoridades gubernamentales por acción u omisión aparecen en general más preocupadas por garantizar la inversión de una empresa ilegal que la salud de los propios vecinos y la sustentabilidad de nuestros recursos”, agregaron. Luego de sentenciar que “hoy se está peor que antes”, los asambleístas entrerrianos dijeron que el Estado argentino concurrió al tribunal internacional de La Haya para denunciar a la pastera. “Hoy está verificada la ilegalidad, y sin embargo se vigila menos a Botnia, no se informa y ya aparecen casos de contaminación como en Costa Uruguay Sur. Además se claudica en los reclamos frente a la República Oriental del Uruguay”, agrega el documento. Monitoreo Por otra parte se supo que el comité científico binacional encargado de controlar los efluentes de la fábrica de pasta de celulosa ingresará este lunes por segunda vez. Será en el marco del acuerdo arribado entre las autoridades argentinas y uruguayas. Los profesionales tomarán diversas muestras que luego serán enviadas a un laboratorio de Canadá, según se acordó en la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que recomendó un monitoreo compartido, y una reunión en agosto del año pasado de los presidentes de Argentina y Uruguay, Cristina Kirchner y José Mujica respectivamente, se conformó un comité científico binacional. El comité está integrado por Juan Carlos Colombo, quien integró la delegación argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y Guillermo Esteban Lyons, funcionario de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Mientras que Uruguay nombró a Eugenio Lorenzo, actual presidente de la delegación de aquel país en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y al ex decano de la facultad de Química Alberto Nieto. Pero los asambleístas también hicieron una crítica al respecto. “El ex secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, prometió continuar con la vigilancia ambiental y mantener los equipos técnicos de las Universidades de La Plata y Exactas de la UBA –que habían trabajado en la argumentación y prueba del juicio ante la CIJ de La Haya–, sin perjuicio de las actividades específicas de la CARU y el Comité Científico, pero esto tampoco se cumplió”, dijeron en el documento. Tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que recomendó un monitoreo compartido, y una reunión en agosto del año pasado de los presidentes de Argentina y Uruguay, Cristina Kirchner y José Mujica respectivamente, se conformó un comité científico binacional.