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os perdigones de la década privatista siguen dejando secuelas. En este caso millonaria. Pasaron 15 años y el Estado provincial no pudo saber cual fue el paradero de 43 millones de pesos/dólares que debieron ingresar a las arcas oficiales y aún no hay indicios de su destino. La historia de ese dinero comienza con la privatización del Banco de Entre Ríos en 1995, seguido por la fusión de la banca estatal con cuatro bancos cooperativos que actuaban en la región y que se presentaron a la privatización convocada por el gobierno del Mario Moine. En 1999, ya el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (Bersa) fue transferido al Banco Bisel, en 50 millones de dólares, que para entonces estaba controlado por el francés Crédit Agricole, que se retiraría del país tras la crisis de 2001. A mediados de la década del ‘90, se dio una operación financiera con todas las características propias del menemato. El Bersa le transfirió a la Provincia una cartera de clientes de cobrables e incobrables por un valor de 43 millones de pesos. El Estado debía instrumentar acciones tendientes a recuperar esos créditos y cobrar a los deudores. La tarea de recuperar esos deudores quedó en manos de Gustavo Borrajo, entonces director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, que estaba a cargo de Eduardo Macri (ver nota aparte). Borrajo distribuyó entre 22 abogados la tarea de recuperar esos préstamos otorgados por el banco, y que ahora habían quedado en manos del Estado provincial. Se trataba de una cartera de créditos por un valor, exacto, de 43.748.000 pesos, distribuidos en 750 deudores en juicio y otros 250 que no estaban en trámite judicial de cobro. Pase de manos La operación se cerró el 28 de junio de 1996, durante la segunda gobernación de Jorge Busti. A 15 años no se ha podido recuperar un centavo de aquella operación en la que se embaucó al Estado. Cuando Sergio Montiel asumió la Gobernación, tomó la decisión de investigar aquella transferencia de deudores al Estado. En 2000 se inició un sumario interno cuyo resultado llega en 2004 a conocimiento del Tribunal de Cuentas. ¿Qué sucedió? No se pudo determinar ninguna responsabilidad, y por lo tanto se lo envió al Tribunal para que examine si existió o no perjuicio. Los fiscales del Tribunal de Cuentas no consiguieron hallar información sobre esa operación, porque ningún organismo del Estado parece haber conocido nada del asunto. Si bien se entendió que hubo perjuicio, no lo pudieron probar. En ese marco es que se decidió enviar el expediente a la Fiscalía de Estado. Según se indicó, hace un poco más de dos meses, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, envió cartas documentos a los estudios jurídicos que se quedaron con los expedientes para liquidar los créditos. Los buffet –de Paraná, el interior y de otras provincias–, no acusaron recibo. Al organismo estatal no llegó una sola contestación al reclamo del fiscal. La decisión de poner en aviso a los abogados fue el paso previo antes de ir a la Justicia y hacer la demanda. El hombre que llegó a la Justicia Gustavo Borrajo llegó a Tribunales acusado de haber direccionado una operación de auditoría convenida entre el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima y el gobierno de la provincia, en favor del estudio jurídico “Sábato-Rioja & Asociados”, en Capital Federal, y del cual él mismo sería integrante. Para tal operación, el acusado se habría valido de su condición de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Provincia, cargo desde el cual condujo el proceso de contratación de auditorías de créditos. La Sala I de la Cámara del Crimen integrada por Felipe Celli, Juan Ascúa y Daniel Perotti, consideró que no había elementos para condenar a Borrajo. Sin embargo, el fiscal de Cámara, Juan Carlos Almada, reclamó la pena de dos años de prisión condicional y su inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al ex funcionario. Lo cierto es que fue en casación y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia revisó la sentencia e invalidó lo realizado llamando a un nuevo juicio. La Sala I en lo Criminal de Paraná, integrada en su momento por José María Chemez, Héctor Vilarrodona y Ricardo González, condenó a dos años de prisión condicional al ex funcionario por considerarlo autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones en concurso real. Además, la Justicia lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.