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l gobierno de Entre Ríos debió salir a relativizar las sospechas sobre llegada de fondos de la fundación Madre de Plaza de Mayo, hoy envuelta en un grave escándalo de corrupción. Ante el pedido de informe de la Cámara de Diputados de la Provincia y del juez federal Norberto Oyarbide, el ministro de Desarrollo Social, José Cáceres, informó que “ni el gobierno de Entre Ríos ni el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) han trabajado en ningún programa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, aunque podríamos haberlo hecho”. En el marco de la investigación por el caso Schoklender, el juez Oyarbide pidió conocer detalles sobre los fondos destinados por el Ministerio de Planificación de la Nación, a cuatro provincias: Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, y Buenos Aires. El magistrado pidió prestar especial atención a las transferencias que se realizaron en 2007 y 2008 a estas cuatro jurisdicciones, ya que se les otorgó el 95% del dinero de uno de los programas de la cartera nacional. En total, serían 350 millones de pesos. El estudio se enmarca en el análisis que se está realizando para conocer el manejo de los recursos asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que ya es abordado por la Auditoría General de la Nación (AGN). La AGN decidió investigar el circuito de fondos públicos que el Ministerio de Planificación giró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El gobierno nacional destinó 765 millones de pesos a municipios y provincias, que a su vez contrataron a la Fundación para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. Al salir al cruce de la presentación, Cáceres, quien fue presidente del IAPV en la anterior gestión, precisó: “No concibo y no puedo quedar callado ante tanto oportunismo artero y vomitivo de algunos que siempre tienen una mirada vergonzante sobre este proceso político que dignificó a la Patria y a sus trabajadores, y que con tal de atacar al gobierno no dudan ni siquiera en difamar a una organización emblemática de la Argentina y ejemplo en el mundo”. Cáceres recordó que “Madres de Plaza de Mayo es, más allá de la situación de público conocimiento, un ícono de la lucha y la resistencia del pueblo argentino contra la dictadura militar, y un inspirador e inigualable ejemplo de coraje que ilumina todavía a varias generaciones de argentinos y merece todo nuestro respeto y apoyo”, sostuvo. El compañero de fórmula del gobernador Urribarri pidió a los peronistas que “se unan” más allá del lugar en que “estén”, para evitar ser parte de la manipulación, de lo que consideró “un nuevo ataque mediático de las corporaciones y los gorilas contra las Madres, o ponemos un límite claro de lo que es intocable; nuestra historia como peronistas, nuestros mártires, nuestra lucha y nuestra memoria como pueblo”. “Espero que algunos no se conviertan de repente en denunciólogos profesionales, y si alguno está pensando eso le sugiero respetuosamente que mire el derrotero de Lilita Carrió... ”, finalizó Cáceres. Investigación abierta En la Justicia ya se abrió una causa donde se investigan los contratos que provincias y municipios firmaron con las Madres, que está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. La AGN había controlado y arrojado resultados sobre el Programa Federal de Viviendas en algunas provincias y programas como los denominados 86 y 50 -sobre transferencias de fondos nacionales a municipios- para la asistencia técnica y financiera para la ejecución de obras. El común denominador de esos informes son la falta de criterio objetivo para la distribución de los recursos y un déficit en la rendición de cuentas para individualizar las partidas y sobre dónde se aplicó el dinero que el Gobierno le dio a las provincias y municipios. Por ejemplo, el documento publicado sobre el Plan 50 cuestiona que “el Programa carece de una definición precisa de criterios objetivos de distribución de los recursos destinados a financiar obras”. Auditar las operatorias La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el organismo quiere no sólo auditar el circuito formal, sino las operatorias concretas para la construcción de viviendas. “Queremos conocer la ruta del dinero”, aseguró el titular de la Auditoría, Leandro Despouy. Ya la AGN había revelado en otros críticos informes, anomalías en transferencias de fondos desde la cartera que conduce De Vido hacia municipios para la ejecución de obras. Pero no existían auditorías de ninguna entidad de control en lo concreto sobre los movimientos de dinero que manejaban las Madres en la construcción de viviendas sociales. Las provincias deberán informar sus movimientos.