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a ley llevará el Nº 10.032. De esta manera, con la promulgación y publicación de la normativa sancionada por la Legislatura provincial el 24 de mayo, se completa el proceso constitucional, por lo que la ley está vigente desde el 1 de junio. Los objetivos generales de la iniciativa son, tal como lo prevé su articulado, propender a la acción conjunta de los poderes del Estado Provincial, obligándose a actuar con la diligencia debida en tiempo y forma; dirigir la acción estatal a impedir la vulneración de los derechos humanos por razón de la trata de personas, y generar las condiciones necesarias para que las medidas que se tomen contra la trata de personas no redunden en desmedro de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. Asimismo, dirigir la acción estatal contra la trata de personas hacia el trabajo conjunto y armónico con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en general. Con la ley también se crea además un Registro de Personas Extraviadas con diversas facultades a cumplir mientras que se instruye al Consejo de Educación para aplicar contenidos curriculares que aborden la temática de la trata de personas y ordena la capacitación de los docentes. La ley obliga a los funcionarios a denunciar todo hecho relacionado con la trata de persona y crea una división específica en la Policía provincial para atender la problemática.